Lo extraño de la dimisión del director de la televisión autonómica, Santiago Negrín, no es que se haya producido, sino que aguantara tanto tiempo sin mandar a tomar por saco a la política y los políticos de Canarias, que han convertido la televisión en esa zona que en los bares está al fondo a la derecha.

Cuando el Parlamento decidió quitarle al Gobierno las competencias de gestión de la Radiotelevisión Canaria, el proyecto entró en la penumbra de una Cámara en la que hay más puñales que escaños. En esta legislatura no es que los distintos grupos políticos estén enfrentados -que es lo tradicional- sino que hasta en el seno de alguno hay gente que va a su propia bola.

Hay partidos que han propuesto que los servicios informativos pasen a ser de gestión directa pública. Eso, que se dice como si fuera cambiarse el flequillo de sitio, implicaría un plan de inversiones en infraestructuras y asumir una plantilla propia de profesionales. Es decir, es un asunto que requiere un cierto plazo de tiempo. Pero los últimos tres años se han perdido de una forma lamentable. Los diputados han sido incapaces de llegar a un acuerdo para completar el consejo de administración de la tele. Han sido incapaces de reformar una ley de la televisión -aprobada por ellos- que es un churro. Y han sido incapaces evadirse a las turbulencias de un concurso de ciento cuarenta millones de euros que enfrentó los intereses de las empresas que lo ambicionaban. Han sido, en suma, incapaces.

Los grupos parlamentarios tienen una papa caliente: una televisión descabezada, sin rumbo y con un modelo pervertido. Ahora, a toda prisa, como el mal estudiante que deja todo para el día antes del examen, quieren corregir la ley. Y encontrar a alguien que sea capaz de sacar el proyecto del atolladero que lo lleva de proa al marisco. A quien sea que pongan lo van a crucificar al día siguiente. Es la costumbre. Porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo en lo que quieren. Hay un concurso -pendiente de resolución judicial- que ha sido denunciado como ilegal nada menos que por el propio adjudicatario. O sea, un potaje jurídico, problemas de transporte de señal y un proyecto desfondado.

A quien sea que elijan para apechugar con el fiambre, le queda una papeleta. Que esté seguro de que los partidos políticos le van a echar una mano... al cogote. La tele va rumbo al cierre porque todo se ha hecho rematadamente mal, porque todo se ha dejado para el final y porque aún a estas alturas no tienen claro qué es lo que quieren hacer con ella. El nuevo responsable tendrá que sobrevivir con los perros ladrando y sus amos achuchando. Porque la política y la pasta se han metido por medio. O sea, la fiesta de la tomatina. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Sólo espero -por el bien de tantos profesionales que se lo merecen- que sean capaces de resucitarla.