En el universo de las administraciones públicas funciona una constante tan inexorable como la ley de la gravedad. La estructura de lo público tiende a engordar de manera ilimitada. Y con la democracia, que es el menos malo y el más caro de los sistemas de gobierno, esa tendencia al crecimiento es desenfrenada. El estado fiscal se basa en que se pagan impuestos para sostener los servicios públicos. Es una manera de transferir riqueza entre quienes más y quienes menos tienen. Pero por el camino se cuelan los costos de la estructura encargada de organizar la recogida de ese dinero y la prestación de los servicios. Son los intermediarios del Estado del Bienestar, que cumplen una función imprescindible pero a veces demasiado cara.

Los empresarios canarios acaban de pedir una bajada de impuestos sobre la base de que ya se ha superado la crisis, se ha mejorado la recaudación y se ha logrado una financiación suficiente de Madrid. La patronal tiene la ingenua pretensión de que la administración pública canaria proceda a bajar el IGIC al 5% en el que estaba antes de que se subiera al 7%.

La recaudación por impuestos en Canarias ha vuelto a florecer. Pero las administraciones públicas jamás regresan al lugar del crimen. Primero porque los gastos en los servicios públicos como Educación o Sanidad nunca son bastantes para las necesidades. Y segundo, porque el crecimiento del sector intermediario es imparable. Miren el ejemplo del Parlamento que ha decidido dar ejemplo de austeridad aumentando en diez nuevos diputados.

La época de la austeridad y los recortes no afectó significativamente a la grasa del orondo Estado. Salió indemne de la gran crisis que dejó a todos los ciudadanos en los huesos. El PP, antes de ganar las elecciones, prometió una rebaja fiscal sin cuento (el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el de las administraciones, decía Rajoy), pero después subió impuestos a mansalva, precisamente para sostener las estructuras de ese gigantesco conglomerado que mueve cuatro millones de personas -empleados y cargos públicos- y hace funcionar los complejos engranajes de tres niveles de administración: la estatal, la autonómica y la local. El nuevo Gobierno del PSOE ya ha anunciado la creación de toda una nueva batería de impuestos sobre la banca, sobre los combustibles contaminantes y sobre las empresas tecnológicas, además del "destopaje" de las cuotas a la Seguridad Social y un "suelo" mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. Más caña para España. En su favor hay que decir que en su caso no engañaron a nadie, porque lo venían anunciando desde mucho antes de ganar la moción de censura.

No solo no van a quitar impuestos, sino que nos van a apretar aún más las tuercas. Estatales, autonómicos y locales. Y no van a ser los empresarios lo más perjudicados. Van a ser los de siempre. Los últimos de la fila. Los de más abajo en la cadena alimentaria.