En demasiadas ocasiones, desde cualquier Ejecutivo central, se tiende a olvidar que de los ocho mil kilómetros de litoral que conforman nuestro país, el 24% corresponde a playas y en sus alrededores habita en torno al 35% de la población, cifra que puede triplicarse en época estival, sobre todo en estos tiempos en los que el alquiler vacacional y los camarotes disponibles en las embarcaciones atracadas en los diferentes puertos deportivos aumentan, seguro, ese número de personas ansiosas de sol y mar. Pero hay otro dato más preocupante que se arrincona consciente y políticamente: el 40% de las costas están urbanizadas cumpliendo con unos intereses espurios que provienen de las administraciones estatales y locales con competencias para otorgar los permisos oportunos. Estas actuaciones tienen su origen en el régimen anterior, que, tranquilamente, con una persecución perfectamente planificada hacia aquel que osara meter las narices y preguntar el porqué de las arbitrariedades (amenidades que llegan hasta la actualidad), problema resuelto. Se primaba, entonces, la ganancia de terrenos a la mar, la desecación de las marismas y la concesión en propiedad del litoral público. Es decir, el espantoso deterioro que se puede observar sin ningún esfuerzo a lo largo y ancho de nuestro país proviene de la clase política de entonces, prolongado por los herederos del franquismo (Pablo Casado) y por los socialistas-obreros, quebranto parcialmente paralizado por la Ley de Costas de 1988, que es la que va a detener los excesos cometidos por unos irresponsables con despacho en Madrid. De cualquiera de las maneras, y fijémonos en otro dato escandaloso fruto de lo aquí escrito: Canarias es la comunidad donde han brotado más ricos desde antes de la crisis. 177 ciudadanos ganan más de 600.000 euros anuales. Es decir, mientras la mayoría de la población pasaba y sigue pasando penurias, unos pocos listos se aprovecharon de la coyuntura para negociar con lo público. Todos sabemos a qué nos referimos.

Canarias, Tenerife en particular, ha sido la comunidad más castigada por los especuladores que consiguieron dinero fácil, sobre todo a partir de la década de los 60, años de crecimiento desmedido. La mayoría de la población ha escogido el espacio costero y de los 1.300 kilómetros de litoral que tienen nuestras Islas, nada menos que el 40% se encuentra urbanizado. Cuatro de cada cinco euros del producto interior proceden de este monocultivo, alterado peligrosamente en la actualidad por las viviendas vacacionales. Unos precios desorbitados expulsan la mano de obra a otras zonas menos boyantes y el trabajador, además, se encuentra con la bochornosa movilidad interior. Esto es, no puede pagarse un piso-apartamento allí donde trabaja, dedica horas diarias compartiendo el caos circulatorio, y tiene que trasladarse lejos en busca de una vivienda asequible a su escaso sueldo.

Mientras el Ejecutivo está presidido por quien llegó procedente de una carambola independentista y terrorista camuflada, nuestro archipiélago sigue recibiendo las vejaciones seculares de los políticos estatalistas con la connivencia de los genuflexos canarios. Y así, un formidable José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha regalado al Archipiélago los primeros dulces malolientes que pretendían colarnos, apoyándose en una frase mal redactada que abría la posibilidad, en un futuro cercano, de modificar el decreto sobre el controvertido 75% con una distinta interpretación del Gobierno que suceda al actual (se piden elecciones anticipadas), ya que quedaba en el aire (nunca mejor dicho) la diferencia entre tarifa bonificable (la gran trampa del PSOE) y la regular.

Otro obsequio exquisito lo ha recibido el eficiente consejero canario de Agricultura, encontrándose con el recorte de 14 millones de euros sobre los 40 previstos en los presupuestos generales del Estado porque corresponden a actuaciones que "están pendientes de ejecución", aunque el consejero Narvay Quintero manifiesta (creemos que con excesivo optimismo, observando el camino del PSOE) que los presupuestos contemplan los 40 millones para ejecutarse hasta finales del próximo año. Pero es que, además, el convenio de infraestructuras hidráulicas para Canarias, que fue informado favorablemente por la Abogacía del Estado, ha sido bloqueado por el PSOE cuando posibilitaría invertir 915 millones de euros en obras hidráulicas en los próximos doce años. El Ejecutivo central duda acerca de la existencia de este protocolo, incertidumbre que se ha dado prisa en ratificar la nueva delegada del Gobierno, Elena Máñez. Magnífico.

Aparte de otra dádiva de las que estamos acostumbrados por aquí desde tiempos de la Conquista, que lleva la firma de la inestimable Costas y que fue dirigida al Cabildo tinerfeño, en la que comunica la negativa rotunda al futuro muelle del Puerto de la Cruz por falta del informe del impacto medioambiental de la parte terrestre, han obsequiado a Santa Cruz de Tenerife con una total falta de conocimientos de lo que se desparrama por la Hondura (caca), y por decisión del Ministerio de Agricultura, que deja a un lado la ejecución de la necesaria y perentoria obra de la depuradora de Buenos Aires, que recibe todo lo que "sobra" de La Laguna y El Rosario. Este Gobierno central del PSOE, que desoye las recomendaciones de Europa por lo que respecta a los vertidos fecales a la mar, ignora también que esta obra fue declarada por el Estado como de interés general. Como adivinarán nuestros pacientes lectores, aquí no se trata de caprichos ni privilegios. Se habla de que Canarias reciba lo acordado. ¿O tal vez haya que comunicar a Madrid que ha reverdecido un gran brote de independentismo?