El pasado miércoles, Fernando Clavijo traía a Canarias el compromiso del Gobierno del Estado de firmar los convenios pendientes con las Islas entre julio y septiembre.

Este era un paso necesario para hacer realidad lo estipulado en los últimos presupuestos generales del Estado, que han comenzado a corregir las restricciones en la inversión estatal.

En 2017 se desligan los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) del cómputo de la financiación autonómica y se recuperan convenios Canarias-Estado. Este año, después de mucho tiempo, cumplen lo previsto en el REF en cuanto a que las inversiones estatales en Canarias no deben ser inferiores al promedio de comunidades autónomas, excluidas las que compensen el hecho insular.

Pero reconozcamos que no ha sido por casualidad. A falta de una mayoría sólida, el Gobierno del Partido Popular tuvo que contar con el voto de Coalición Canaria en el Congreso. La aritmética parlamentaria otorgó mayor peso político a los votos nacionalistas y, de la mano de Ana Oramas, hemos conseguido logros impensables después de tantos años de olvido. Esto nos reafirma, una vez más, en la importancia de contar con una posición nacionalista fuerte en el Congreso de los Diputados para la defensa de los intereses de Canarias.

Ahora, con el compromiso con el Gobierno socialista, las partidas contempladas en el presupuesto dejan de ser un catálogo de cifras para pasar a materializarse en convenios que suponen para Canarias sanar la herida de años de restricciones e injusta financiación.

Pero no debemos perder el tiempo. Cuanto antes se materialicen los convenios antes comenzarán a generar beneficios a la ciudadanía. Cada día que pasa es un día perdido para licitar y adjudicar las obras, poner en marcha servicios públicos y las acciones que mejoren la mayor calidad de vida de los canarios.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, pendiente de firma por 18.550.000 euros, sumado a actuaciones singulares como las Chumberas, con 3 millones, y convenios para las Rehoyas, Tinasoria, Becerril y Marente, por 6.850.000 euros. Además de actuaciones complementarias por 11.450.000 euros.

Carreteras es otro capítulo esencial. El Estado debe ejecutar las sentencias del Supremo por el incumplimiento del Convenio de 2012-2016 para lo cual se consensuó, un acuerdo extrajudicial para abonar aproximadamente 800 millones a razón de 107 millones anuales. Además de la firma del nuevo Convenio de Carreteras 2018-2025 que incluye 200 millones en 2018 y 101 millones de la prórroga de 2017. También en materia de movilidad penden los acuerdos para los ferrocarriles en Gran Canaria y Tenerife con sendas partidas de 5 millones.

En el apartado de inversiones en costas, esperamos por convenios para la playa de San Marcos en Tenerife y la ansiada playa de Valleseco en Santa Cruz de Tenerife, ambos para mejorar los servicios de ocio y esparcimiento, abriéndolas al uso turístico.

En el ámbito educativo, el Plan Especial de Empleo de Canarias en materia de infraestructuras educativas contará con 42 millones de euros además, de la partida de 3 millones para la Educación Infantil de 0 a 3 años.

En cuanto al fomento del empleo, la suscripción del Plan Integral de Empleo de Canarias para el 2018, dotado con 42 millones, que permitirá continuar en la senda de la recuperación del empleo y la reducción de las cifras de parados.

Otro sector que espera por su convenio es el turístico, en cuanto a las infraestructuras turísticas para la Rehabilitación de Infraestructuras y Equipamiento Turístico dotada con 17.000.000 euros.

En el plano social, las cuantías extra para el Plan Concertado y el Plan Contra la Pobreza de 2017 precisan de ampliación de plazos de ejecución y justificación, además de la concreción de la aportación estatal al Plan Concertado 2018. Además de la firma del Plan Contra la Pobreza para Canarias, dotado con 30 millones.

Mejorar la protección a las mujeres víctimas de la violencia de género depende de los fondos que el Estado decida transferir de los 200 millones previstos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En cuanto a inversiones en infraestructuras hidráulicas, a la partida de 40 millones, se suman 10 millones para financiar inversiones en depuración. También es una buena noticia que se haya dado luz verde al protocolo para doce años con más de 915 millones, y al primer convenio por 4 años.

No vamos a dar ni un paso atrás. Los canarios no estamos dispuestos a perder lo que, en justicia, nos corresponde. Por eso, desde el Grupo Nacionalista Canario siempre hemos reclamado respeto a los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno de España con el Gobierno de Canarias y que no haya marcha atrás en ninguna de las conquistas de Canarias en los presupuestos generales del Estado.

*Diputada del Grupo Nacionalista Canario en la Cámara autonómica