ENRIQUE MARTÍN BRAUN

Prohíben a Canarias invertir su superávit

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E l Ejecutivo estatal, presidido por quien maquinó una carambola entre independentistas catalanes, terroristas camuflados y su propia organización para quitar de en medio a Mariano Rajoy, es el mismo artífice que frena al Gobierno canario para que pueda utilizar 598 millones de superávit e incorporarlos a los presupuestos autonómicos de 2019. Como es lógico, se rechazará desde las Islas la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública. Aquí somos más sencillos y cumplidores (así nos va secularmente), y lo que se necesita es que ese dinero, que es de Canarias, sirva para enmendar situaciones francamente complicadas, como sanidad, políticas sociales o educación. Parece que las políticas no cambian en Hacienda a pesar de las innovaciones que el nuevo Gobierno pretende implantar, como es la subida del IRPF a las rentas que superen los 150.000 euros. Ha prometido que los impuestos no se aumentarán a las clases media y trabajadora, soslayando bancos y grandes empresas, no vaya a ocurrir como en Cataluña que salieron corriendo. No es cuestión de letras. Si antes había un Montoro, ahora hay una Montero. A ambos les importa un bledo que Canarias haya sido la única Comunidad que ha respetado y cumplido lo que se le ordenaba desde Madrid. Pero ya ven. La señora Dávila, guardián de los dineros en el Archipiélago, ha pecado de incauta conociendo cómo se funciona por esos madriles y quiénes son, desde siempre, los beneficiarios. Canarias está muy lejos y desde allí no damos mucho la lata. Hay que tener contentos y felices a aquellos que sustentan los viajes en falcon y helicópteros, es decir, catalanes y vascos. Los gallegos asoman un poco la nariz. Tal vez, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias haya olvidado que con el Ejecutivo central hay que caminar ojo avizor. Recordemos a Zapatero y sus promesas desde Lanzarote.

Esta semana, posiblemente cuando estas líneas estén en la calle, el Gobierno de Canarias estudie la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria estatal para eliminar esa restricción de gastar lo que es de Canarias. Nada menos que cerca de 600 millones del Archipiélago pueden ir a parar a los nuevos asesores del viajero presidente Sánchez, y al combustible previsible para sus desplazamientos, aunque se trate de un festival rock. No olvidemos que esto es España, un país de difícil pasado, trayectoria y futuro. Quizás, algunos de nuestros pacientes lectores tuvieron la "alegría" de ver y escuchar cómo se expresaba un general del Ejército en la reserva sobre el manido asunto del Valle de los Caídos y su protagonista allí enterrado. Para esta persona fuera del tiempo, el dictador fue un voluntario de la Cruz Roja que vivió en otras tierras y con otras gentes (de la Iglesia, del Opus y con la alcaldesa de Güímar). Con estos especímenes despistados, con o sin uniforme, ha tenido que trajinar el canario a lo largo de su historia. Los peores han practicado en Madrid, con mucha frecuencia, el arte de la genuflexión. Hoy le ha tocado el turno al Gobierno de Fernando Clavijo gestionar los millones que quieren mangonear. Debe buscar soluciones que flexibilicen la regla de gasto, es decir, insistimos, y parece de coña, que Canarias pueda invertir su superávit en, además de en los sectores más arriba escritos, en las familias que lo pasan realmente mal, aunque algunos privilegiados afirmen que la crisis ya pasó. Al contrario, con el trance han surgido canarios que tienen un precario empleo y comen en Cáritas. Mientras, el número de ricos ha experimentado una subida insultante.

También Rosa Dávila indicó que, en el comienzo del curso político, estaba encima de la mesa la denominada Agenda Canaria, esa entelequia que nadie quiere digerir porque el Estado está por medio y hay que formalizar firmas de convenios específicos para costear obras y servicios en todas las Islas que aún no se han suscrito. Se trata de convenios, como el de las inversiones en carreteras y otros que este Gobierno espera que se firmen las próximas semanas.

Las corporaciones locales, que se han visto afectadas por la limitación de la regla apuntada, ya han reclamado que se revisen los criterios para el destino de esos 598 millones y que se consideren las necesidades reales. Dávila afirmó que "el superávit no debe utilizarse para gastos extraordinarios sino para las verdaderas necesidades de la ciudadanía, para los servicios públicos esenciales". Madrid, como de costumbre, ha paralizado los trabajos para la revisión del nuevo sistema de financiación autonómica, con lo cual la economía en las Islas está en "stand-by". No se trata ni de caprichos ni de privilegios. Aquí no se actúa como en Cataluña o el País Vasco, comunidades culpables de que en España no se hayan celebrado unas elecciones necesarias.

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