No será por no haberlo advertido en este mismo espacio. Incluso de forma reiterada. Se acerca el mes de octubre y el convenio de carreteras que el Estado debía haber suscrito con Canarias a principios de este año -así se anunció a finales de 2017- duerme aún el sueño de los justos en alguna gaveta del Ministerio de Fomento. No solo eso. El Gobierno que preside Fernando Clavijo desconoce la fecha en la que se podrá llevar a cabo su firma y, lo que es peor, se teme que la rúbrica se demore tanto que no dé tiempo a ejecutar en este ejercicio ninguno de los proyectos que estaban previstos. El Ejecutivo central argumenta ahora que se han detectado problemas jurídicos que deben ser subsanados, pero que dependen de la Consejería regional de Obras Públicas. "Pegas" que para Coalición Canaria esconden, al igual que la exigencia de reajustar los plazos de las obras incluidas en el borrador del convenio, la "falta de voluntad política" del titular de Fomento, José Luis Ávalos, de sobra conocido en el Archipiélago. Al convenio de carreteras hay que sumar otros acuerdos como el de obras hidráulicas o el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), también pendientes de que en Madrid fijen día y hora para su firma. Aceptando que en alguno de los casos el Gobierno central tenga razón y existan obstáculos difíciles de sortear, lo que no es de recibo es que después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa solo se ha suscrito con Canarias el convenio de vivienda, pero con la particularidad de que fue una rúbrica en la que participaron todas la comunidades autónomas. No hay duda de que las Islas le importan más bien poco al jefe del Ejecutivo central.

Si en los ámbitos del poder ubicados en la capital de España el bienestar de los canarios es intrascendente, no queda otra que sumar esfuerzos en el Archipiélago para lograr un cambio de actitud. Ha llegado la hora de aparcar los discursos bonitos y pasar a los hechos. Primero revisando si se ha cometido algún error -en el caso del convenio de carreteras, por ejemplo, está claro que el consejero regional de Obras Públicas carece de la capacidad necesaria para desarrollar dicha labor-, corregirlo y después, todos a una, reclamar lo que las Islas, por justicia, deben recibir. En este tipo de situaciones hay que poner los intereses de Canarias por encima de ideologías y otras cuestiones. Es preciso darles "un impulso fuerte" a los acuerdos que aún están pendientes, con el fin de que salgan adelante en las próximas semanas. Es obligación de todos.

La preocupación por la demora que están sufriendo los acuerdos hay que trasladarla, igualmente, al riesgo que corren las ayudas al transporte de mercancías, tras el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que recomienda al Gobierno central un recorte. Aunque el Ejecutivo canario ha avisado de que no va a tolerar que se toquen estas compensaciones, derivadas de la lejanía de las Islas de la Europa continental, es necesario que todas las fuerzas políticas y agentes sociales sumen esfuerzos para evitar la merma en estas ayudas.