El proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria va en consonancia con el trabajo que ha realizado este Gobierno en defensa del producto local, de quien lo produce y de quien lo consume. Este trámite cumple un compromiso de Gobierno en una apuesta firme por la calidad agroalimentaria, por la importancia que tiene en la salud de la población, su valor nutricional, por las cuestiones sociales y medioambientales que implica, y también como herramienta en la competitividad de nuestros productos y de sus productores.

Atención al producto local, vigilancia de las calidades de los alimentos a través de su control y una apuesta decidida por las cualidades generales de los alimentos que son mejores para la salud de los canarios es, a grandes rasgos, lo que esta Ley de Calidad Agroalimentaria, pionera en muchos sentidos, viene a proponer, tanto desde la protección del consumidor y desde la transparencia y correspondencia del producto con las normas de comercialización.

Tenemos un mandato de la ciudadanía que nos exige consumir productos saludables y de calidad y para dar cumplimiento a este mandato, quienes ostentamos responsabilidades públicas debemos determinar las normas, para que esa puesta en valor de los productos sea sobre la base de la transparencia y las garantías de calidad.

Con el sector se ha desarrollado un proceso de diálogo del que ha resultado un grado de consenso importante en sus planteamientos que, en buena medida, quedan reflejados en el documento.

La calidad, un término en ocasiones subjetivo, viene relacionada con las particularidades territoriales en las que ha sido elaborado el producto, o con el método de producción, respetando unos estándares medioambientales. Es el propio consumidor el que valora la personalidad de "los productos de la tierra" y los productos agroalimentarios que han sido producidos atendiendo a prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Es necesario establecer obligaciones de carácter general para todos los operadores alimentarios, al objeto de asegurar la trazabilidad de los productos que entran o que se producen en nuestra comunidad autónoma, sin que esa obligación no suponga un hándicap para los pequeños productores.

La Ley simplifica reduce cargas y trámites excesivos e innecesarios y, simultáneamente, clarifica los procedimientos. Ejemplo de ello son las modificaciones realizadas para la agricultura y ganaderías ecológicas, para las que se eliminará el registro previo para el ejercicio de la actividad e, incluso, la obligación de los operadores de renovar anualmente su intención de continuar con dicha actividad.

También racionaliza reordenando las reglas y los instrumentos de intervención, creando el Consejo Canario del Control de la Cadena Alimentaria, para coordinar las acciones de los distintos departamentos en materia de calidad agroalimentaria, sanidad y consumo.

Regula también determinadas menciones de etiquetado de productos agroalimentarios no contempladas actualmente, como la de artesanía agroalimentaria, vino de finca o parcela, vino de frutas o la de algunos productos tradicionales de Canarias, como el almogrote o el gomerón y soluciona el vacío legal existente en cuanto a infracciones y sanciones. Un hecho fundamental para ejercer la labor de control de manera eficaz.

Esta Ley está fundada en valores como el respeto al medio ambiente, la diversificación de la economía, la preservación del patrimonio cultural gastronómico o el desarrollo rural, contribuyendo a la fijación de la población en el medio rural o el fomento de la igualdad de género, valores universales que hacen más fácil lograr un consenso generalizado respecto a su mejora y posterior aprobación.

*Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias