Hablemos de una historia que afecta al presidente de todos los canarios denunciado por algunos partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna en el famoso ''caso Grúas''. El asunto afecta a su gestión como alcalde, cuando interviene en una concesión de un servicio público. La oposición denuncia la comisión de diversos delitos y el caso acaba en un juzgado que, tras analizarlo, decide proceder a su archivo. Entonces interviene la Audiencia Provincial de Tenerife que de forma inusual ordena, en un auto, que se reabra la causa y se practiquen nuevas diligencias.

Por el camino hay un informe de un fiscal que determina que no hay caso, es decir, que no se observan indicios de delito. Ese informe se cambia posteriormente por otro en el que se afirma exactamente lo contrario. Llamativo, porque los dos informes se hacen con los mismos datos.

Entonces el asunto sube al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque el alcalde, Clavijo, que ya es presidente de Gobierno, está aforado. Y el teniente fiscal del TSJC, Demetrio Pintado, elabora un nuevo informe que se manda a Madrid, a la Fiscalía del Estado, que lo visa y lo remite de vuelta a la Fiscalía de Canarias.

Por el camino ocurren cosas. El nuevo Estatuto de Autonomía contempla el desaforamiento de los diputados canarios. Los nuevos diputados de las Islas serán juzgados por un tribunal ordinario. Y algunos sostienen que los actuales también. El TSJC pide hasta tres veces a la Fiscalía que les haga llegar un informe sobre el "caso Clavijo". Pero nunca llega. La Fiscalía se guarda el informe que visó Madrid y simplemente espera a que entre en vigor el nuevo Estatuto para que el asunto se resuelva lanzándolo hacia abajo.

La clave está en que ese ''informe oculto'' del teniente fiscal parece que no ve materia para imputar a Clavijo. El fiscal jefe del TSJC no tiene por qué asumirlo. Puede hacer otro en sentido contrario. La anomalía es que lo ignore y se dedique a esperar que caiga el desaforamiento. Que es lo mismo que ha hecho la sala del TSJC que decidió ayer lavarse las manos y derivar el caso a La Laguna. El voto particular de uno de los magistrados, que discrepa de esta decisión, es demoledor. El desaforamiento no puede aplicarse con efectos retroactivos. Y el procedimiento no puede manipularse para derivar el caso hacia otras instancias.

Se pueden utilizar muchas palabras rimbombantes, pero esto tiene la pinta que tiene. Y huele que apesta. A Clavijo, presidente y candidato de CC, le han arrojado a un piélago judicial para que se lo coman los tiburones en una campaña electoral donde saldrá con cartel de imputado. Y lo han hecho manipulando de una manera tan obvia que asombra. El entramado de la administración de Justicia vuelve a dar la apariencia, una vez más, de que, cuando conviene, se utiliza como un arma de destrucción política. Si no fuera porque eso ya no es noticia sería un escándalo.