La VIII Legislatura nos trajo la pérdida de la triple paridad -el precepto solidario que inspiró el primer Estatuto y puso en pie de igualdad a todas las islas- y la Ley de las Islas Verdes, que, en nuevo trámite, dará alternativas de desarrollo a los territorios y poblaciones más deprimidas de la Comunidad. Y ahora, con el apoyo de todas las fuerzas políticas -salvo Podemos que la consideró insuficiente- sacó adelante la Ley de la Memoria Histórica de Canarias, un compromiso ético largamente aplazado con las verdades de un pasado que exigen explicación y respeto.
De entrada, reconocemos el esfuerzo de las fuerzas políticas por consensuar un texto que, durante su tramitación, recibió setenta enmiendas; sólo la formación morada presento cuarenta y una. De salida, lamentar que la unanimidad no haya sido posible, desde el respeto máximo a la libertad y autonomía de los partidos políticos y de las distintas asociaciones de víctimas que criticaron la insuficiencia de la norma.
En cualquier caso y perfectible como todo acto político, Canarias ya tiene esa norma imprescindible que, por justicia poética y extraña paradoja, se gestó, debatió y aprobó en el mismo recinto de la calle Teobaldo Power donde, en tiempos aciagos, se legalizaron tropelías, se celebraron juicios sumarísimos y se oficializaron penas de muerte por los representantes de un régimen salido de un golpe de estado.
La vigente Ley impulsa la constitución de una Comisión Técnica con facultades para la ordenación de los cometidos enunciados en la misma; la elaboración de un mapa de fosas y un registro de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura siguiente; los protocolos de exhumaciones de personas desaparecidas entre 1936 y 1978 -año de aprobación de la Constitución- y la puesta en marcha de un banco de ADN para la identificación de los muertos sin nombre de una tragedia que ya cumplió ochenta y dos años. También contempla el articulado medidas frente a símbolos y actuaciones contrarias a su espíritu, la anulación de títulos, honores y distinciones otorgados en el periodo dictatorial; la creación de un centro documental y la determinación y erección de monumentos e hitos simbólicos que aseguren la recuperación y el libre acceso a la memoria histórica del Archipiélago.