La celebración del 40 aniversario de la Constitución Española ha vuelto a poner en primera línea de la política la necesidad de reformar el contenido de la Carta Magna, con objeto de actualizarlo a la España del siglo XXI. Sin embargo, dicho interés choca con un gran obstáculo, la falta de consenso entre las distintas formaciones representadas en las Cortes Generales, sobre los cambios que se deben acometer y el alcance que deben tener los mismos. A ello, o quizás por ello, hay que sumar la ausencia de altura política por parte de los actuales representantes públicos, incapaces de ponerse de acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado del próximo año, simple y llanamente por pensar más en su interés particular que en el de todos los españoles. Este es uno de los principales impedimentos del actual panorama político. A la hora de abordar los retos a los que se enfrenta la sociedad, no existe el talento necesario para mirar al futuro con suficiente perspectiva y así es muy difícil enfrentarse con éxito a la labor de reformar una Constitución que, tal y como ha quedado plasmado estos días, salió adelante gracias al sacrificio de muchos protagonismos personales. Por eso, de cara a una posible modificación de la Carta Magna, es preciso una mayor disposición integradora por parte de los actuales representantes públicos, pues se trata de un texto de "todos y para todos". En este sentido, sirva como ejemplo el trabajo realizado en Canarias para reformar su Estatuto de Autonomía, un proceso en el que ha primado el consenso en la búsqueda de lo mejor para las Islas, dejando a un lado las diferencias y anteponiendo los puntos de acuerdo.

Inquieta escuchar y leer algunos análisis realizados esta semana acerca del valor de la Constitución, porque demuestran un gran desconocimiento histórico de cómo se gestó y del papel que ha jugado a lo largo de estos 40 años en el desarrollo de España y, por ende, de sus comunidades autónomas. Uno de los principales errores que se cometen es confundir el contenido de la Carta Magna con el comportamiento político de los distintos gobiernos e incluso con los representantes de la monarquía. Gracias al texto aprobado en 1978 en este país existe la democracia, lo que permite elegir a quienes están en cada momento al frente de las instituciones e, incluso, regula la posición de los reyes. El reduccionismo de los acontecimientos lleva a este tipo de errores, admisibles en ciertos ámbitos, si es por ignorancia, pero no en los medios de comunicación, donde no solo se informa y opina, sino también se forma.

Los resultados de las elecciones de Andalucía han abierto la caja de los truenos por la aparición de una formación política que defiende unos postulados que muchos españoles pensaban desterrados. El hecho de que obtuviera 12 diputados en los citados comicios llevó incluso a algún líder político de otro partido a animar a la gente para que saliera a la calle a protestar. Quizás, estos últimos, lo que deberían preguntarse es por qué casi 400.000 andaluces han respaldado a esta organización. Podrían descubrir que, en buena parte, el motivo no es ideológico, sino de hartazgo con las alternativas que se presentaron.