Toda persona que vive de alquiler, o que esté buscando vivienda en ese régimen, sabe lo que han subido las rentas en los últimos años. A falta de cifras públicas y objetivas, los propios portales inmobiliarios muestran datos con el alcance de esas subidas.

Las consecuencias de esta situación son catastróficas para miles de familias en Canarias; cada vez se dedica mayor porcentaje de los ingresos a pagar la vivienda, incluyendo aquí suministros como la luz, cuyos costes están disparados; esta situación ha tenido como resultado un aumento de los desahucios por impagos de los alquileres, y que miles de jóvenes sigan viendo frustrado sus proyectos de vida y de emancipación.

¿Cuáles son las causas de estos aumentos de precios? Sería largo y complejo de explicar en tan breve espacio, pero en resumen, lo que se vive como una crisis de la vivienda de alquiler no es más que la consecuencia de unas políticas que se diseñaron para reconvertir parte del excedente de vivienda derivado de la burbuja de las hipotecas en un parque de vivienda de alquiler privado, con la entrada de nuevos actores, las socimis y los fondos buitre.

Dichas entidades se han beneficiado de una legislación hecha a su medida que les exime del pago del impuesto de sociedades y les facilita el desahucio de las personas inquilinas. Allí donde llegan los fondos buitre se producen subidas de alquileres, que en ocasiones son del 100%, y que arrastran al alza a todo el mercado. Es decir, lo que se ha producido es una intervención pública para favorecer intereses privados, en contra de la gente y del derecho constitucional a la vivienda.

Se trata ahora de invertir esa lógica, de realizar una intervención pública para favorecer los intereses generales.

En los pasados plenos municipales en La Laguna dimos pasos en este sentido, conseguimos aprobar, a instancias de nuestro grupo municipal de Unid@s se puede, mociones para garantizar, entre otras cosas, que La Laguna va a destinar fondos públicos para la adquisición o promoción de vivienda municipal para el alquiler en 2019.

El alcance de esa medida es muy significativo, conseguimos darle la vuelta con ello a 10 años de inmovilismo del gobierno municipal en vivienda pública.

Pero el reto va más allá de comprar vivienda en 2019 para destinarla al alquiler, estamos convencidas de que con una apuesta real por la municipalización de la vivienda, en una o dos legislaturas, el ayuntamiento podría convertirse en el mayor arrendador de vivienda, con diferencia, del municipio.

Esto garantizaría que muchas familias laguneras tuvieran acceso a un alquiler acorde a sus ingresos, reducir el drama de los desahucios, y además provocaría un efecto de moderación de precios en el mercado privado al tener que competir con unos precios mucho más justos del sector público.

Este será uno de nuestros principales retos, en ello pondremos nuestros esfuerzos.

*Concejala de Unid@s se Puede

en La Laguna