Un presupuesto del Estado, y público en general, no es una foto de oportunidad en el intercambio entre el poder ejecutivo y el legislador, sino que es la mayor herramienta de soporte económico y de cohesión social que disponemos para garantizar la continuidad de las políticas para la prosperidad de las familias, necesarias en el tiempo.

Por ello, en el entorno económico, es percibido como una herramienta necesaria para la planificación y desarrollo de planes futuros, asignando recursos y su necesaria financiación fiscal de manera ordenada y sostenible, pues no hay ingresos para todas las necesidades sociales.

El presupuesto es un documento de elaboración periódica, llevando implícita la idea de cierta continuidad en su confección mientras los problemas persistan en su resolución definitiva.

El presupuesto es una previsión normativa. "Esto quiere decir que el proyecto de presupuesto es algo más que una simple estimación y más también que un simple plan financiero, ya que obliga al Gobierno y a la Administración, tanto política como jurídicamente" (Fuentes Quintana).

Estos presupuestos deben formularse, para su garantía jurídica, económica y social bajo unos principios políticos, contables y económicos.

Con ello se debe articular quién lo aprueba y quién lo ejecuta, así como su distribución institucional y geográfica, recoger la totalidad de ingresos y gastos y contener unos mecanismos que faciliten la cohesión y convergencia entre las regiones necesitadas y las ricas.

Pero también, y no menos importante, debe comprender un principio de anticipación a las acciones necesarias y unos principios económicos que hagan referencia a las condiciones que el presupuesto debe cumplir como instrumento que refleja la actividad económica del sector público, con el objetivo de que esta actividad no perjudique a la economía privada, sino que, incluso, la apuntale.

Un pensamiento, defendido por reputados economistas globales, como Stiglitz, que defiende que "hoy la idea dominante en los economistas de los países occidentales es que una intervención estatal limitada podría aliviar los problemas más graves: el Estado debe participar activamente en el mantenimiento del pleno empleo y en la erradicación de los peores aspectos de la pobreza, pero las empresas privadas deben desempeñar el papel más importante en la economía".

En este caso, no entiendo en que momento de la elaboración del presupuesto del Estado para 2019 Canarias dejó de tener necesidades en carreteras, sanidad, educación, desempleo o cohesión social. Ni dónde quedó el reciente compromiso de financiación que emana del nuevo Estatuto de Autonomía, o la actualización del REF.

Tampoco termino de comprender por qué se critica que exista una Europa a dos velocidades y fomentemos aumentar la brecha entre Canarias y el resto de comunidades autónomas de nuestro país.

Ni mucho menos el motivo por el que las familias canarias no pueden tener las mismas expectativas y confianza en su futuro a través de la inversión justa de los recursos del Estado en las Islas, pagada previamente con sus impuestos.

*Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria