Con la misma intensidad con la que este país vivió el dramático rescate de un niño caído en un pozo de unos veinte centímetros de ancho y cien de profundidad, la historia ha desaparecido de los medios de comunicación. Consumido el alimento, los lobos desaparecen. Ahora solo quedan en el escenario, como siempre, los que están directamente concernidos por la tragedia. Y el cuerpo del pobre niño, sometido al paciente escrutinio de la ciencia para determinar todas las causas de su muerte.

Durante casi dos semanas, centenares de personas y recursos materiales se dedicaron al trabajo de rescatar el cuerpo del pequeño. Y sobre el accidente empezaron a surgir todo tipo de dudas y rumores. Como el extraño tapón de tierra y piedras que se encontraba encima del niño, tapando el pozo, que parecía imposible que se hubiera creado por los desprendimientos ocasionados por su caída. Mucho más cuando se supo, tras la autopsia inicial, que había descendido unos setenta metros en caídas libre, falleciendo al momento.

Las administraciones públicas decidieron, hace algún tiempo, que los rescates producidos por imprudencia de los ciudadanos tienen un costo que se repercute sobre los responsables, a pesar de ser también las víctimas. Parece demencial, pero es así. En Canarias ya se han cobrado varios. El procedimiento se inauguró hace algún tiempo con un hombre que montaba a caballo y se cayó unos veinte metros ladera abajo en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria. El jinete, de unos cincuenta años de edad, que sufrió heridas de gravedad con un fuerte traumatismo en la espalda, tuvo que ser rescatado en helicóptero y trasladado a un hospital. Y se le pasó una factura de 4.172 euros, al considerar "alguien" que había actuado con negligencia o imprudencia. A la familia de un jubilado enfermo de alzheimer, en Firgas, se le pasó una factura de más de dos mil euros que al final no pagaron por un fallo administrativo.

Los precios están ahí, fríamente expresados en una tabla. Dos mil euros la hora por un helicóptero. Trescientos por una embarcación. Treinta y seis por cada integrante del grupo de emergencias o salvamento movilizado. La pregunta que uno se hace ahora es: ¿Se le va a pasar a alguien de la familia del niño accidentado la factura astronómica de los recursos empleados en el rescate? ¿Alguien va a considerar imprudencia o negligencia el descuido en el cuidado que terminó con el pequeño cayendo por un agujero?

Parece un disparate que salvar a una persona que ha sufrido un accidente tenga un precio. Que encima de las secuelas de una tragedia, los afectados tengan que apechugar con una factura de las administraciones públicas por rescatarle. Pero es una evidencia que ya se ha hecho pagar a algunas personas. Dudo mucho que en el caso de Julen lo hagan. Lo que demuestra la arbitrariedad de unas administraciones públicas, que no tratan igual a todo el mundo en todos sitios.