560 familias de Las Chumberas están de enhorabuena tras una década de espera y de angustia. El Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento alcanzaron el viernes un acuerdo para proseguir con la reposición de las viviendas afectadas por aluminosis. La Comisión de Seguimiento de Las Chumberas, integrada por las cuatro administraciones, logró un pacto que supone un acuerdo transaccional, vía Real Decreto, que permite trabajar en la primera fase de las actuaciones y proseguir con las medidas cautelares en materia de seguridad, además de continuar los procesos de expropiación, demolición y reposición de las viviendas, al tiempo que se tramita el acuerdo definitivo entre todas las partes.

Tras sellar el acuerdo, los responsables de las instituciones canarias se reunieron con los vecinos, que son los verdaderos afectados, para exponerles la hoja de ruta. De haberse enquistado el problema, se hubiera creado una situación de riesgo, sobre todo por no contar con la garantía jurídica, algo ya resuelto tras el acuerdo del viernes. Las cuatro instituciones se han emplazado a seguir trabajando en ese acuerdo transaccional para que el documento esté listo el próximo miércoles, de manera que así se pueda actuar cuanto antes.

El acuerdo lleva implícitas dos conquistas: que los afectados pueden retomar las condiciones de dignidad que la propia Constitución española blinda en materia de vivienda, y que la negociación y el entendimiento triunfan siempre sobre los intereses partidistas. En los asuntos que afectan al bien común y a las familias, como es el caso, los partidos políticos deben actuar unidos como una piña. Como apuntó hace unas semanas el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, los problemas administrativos y los enredos técnicos tienen soluciones que están en manos de los funcionarios. En manos de los políticos está la voluntad de hacer justicia y responder a las necesidades de las personas. Y así ha sido: la fuerza de las tres instituciones canarias y la buena predisposición final del Ministerio de Fomento han culminado con un pacto y los vecinos acarician ya una solución digna a su problema. Porque las viviendas de la antigua Cobasa, que se encuentran en un estado de deterioro lamentable, clamaban por una solución de las administraciones públicas. Debido al estropicio del conjunto residencial, las actuaciones previstas obligan a la demolición de los edificios, la reurbanización del suelo y la construcción de las nuevas viviendas, garajes y locales, adaptándolos a las normativas de accesibilidad vigentes, y contemplando los realojos temporales necesarios respecto de las familias, así como la reubicación de aquellos negocios en actividad en los locales afectados.

Diez años ha durado el proceso. Explicar el problema de Las Chumberas, detectado en 2009, es relatar una historia plagada de complejos procedimientos administrativos y cambios políticos que han dificultado su camino: tres convenios firmados, tres elecciones generales, una moción de censura, una licitación que quedó desierta, un laborioso expediente de expropiación y realojo y una modificación del planeamiento municipal (que el Ayuntamiento resolvió en un año a pesar de la legislación existente) son algunas de las dificultades por las que ha pasado la urbanización lagunera.

Ya ha finalizado la emergencia social, ha triunfado la razón.