Una vez culminado el nuevo Estatuto de Autonomía para Canarias, toca repensar qué es Canarias, qué ofrecemos al mundo y, sobre todo, cuál es su financiación pública necesaria y suficiente, sus incentivos económicos para la atracción de inversiones y empleo o con que exenciones fiscales contamos para ser competitivos dada nuestro fraccionamiento y distancia con el territorio común europeo.

Confirmada la intención de la Comisión Europea de prorrogar dos años más varios regímenes de ayudas públicas, entre ellos los que afectan a las RUP y que el Estatuto de Autonomía consagra que los fondos para inversión que lleguen a Canarias por parte del Estado, deben cumplir con el mínimo de la media de la renta per cápita de todo el país (que los canarios no recibamos menos que el resto del país), además de una financiación autonómica suficiente, es el momento de un REF para las personas.

El REF debe tener mayor capacidad de gestión para Canarias y llegar al tejido empresarial residente y, al mismo tiempo, debe llegar plenamente a las familias canarias para aliviar la condición de que sus ingresos puedan equipararse al resto de Europa en cuanto a poder adquisitivo y ahorro.

Para ello podría activar una deducción progresiva, hasta el 50% sobre la base imponible del impuesto de la renta para los trabajadores por cuenta propia y ajena, así como una deducción del mismo porcentaje en las bases de cotización a la seguridad social, lo cual posibilitaría que las empresas que aún no invierten en Canarias la vean en un marco de mayor productividad.

Así podríamos tener una horquilla de mayor deducción en rentas más bajas y algo menor en las rentas altas.

Tenemos dos precedentes en Europa y uno de ellos en España, pues Azores ya dispone de este incentivo, por lo que no debería ser muy complicado conseguir su autorización, ni con el Estado, que ya tiene autorizado este régimen en Ceuta y Melilla.

Demos otro paso en la definición de Canarias.

*Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria