Hay unas cuentas muy fáciles de comprender. El Gobierno autónomo gestiona un presupuesto de 8.000 millones de euros de los que, aproximadamente, el 80% se destina a garantizar el Estado del bienestar de las familias canarias, o lo que es lo mismo, unos 6.000 millones de euros anuales.

Eso significa que cada canario deja de pagar de su renta disponible 3.000 euros anuales de media, por la educación, sanidad y servicios sociales que recibimos, que es lo que se denomina Estado del bienestar.

Una familia media de 4 miembros tendría que afrontar por ese concepto la suma de 12.000 euros anuales si no lo sufragara el Gobierno autónomo y tuviéramos que pagarlos cada familia. Lo cual, a priori, sería difícilmente sostenible, sobre todo para las familias con menos renta.

Todo esto se sostiene con el IGIC, las tasas, los impuestos propios y cedidos, los convenios con el Estado y los fondos europeos, por lo que una economía sana, que genere empleo estable y bien remunerado, es una aspiración irrenunciable para las familias canarias.

Por eso, cada día es más importante que la Unión Europea salga reforzada de los retos del brexit o la radicalización de las posturas económicas de algunos países, que en nuestro país volvamos a la senda de la estabilidad económica y fiscal, así como de unas políticas económicas que devuelvan a trabajadores y empresarios la confianza en el futuro próximo que permita seguir invirtiendo y generando más y mejor empleo.

Por último, se hace necesario que el resultado de las próximas elecciones permita que se gobierne con la máxima estabilidad y con la sensibilidad en los territorios autonómicos, sobre todo el canario, que necesita de la sensibilidad y respeto de quien gobierne para seguir saliendo de la situación actual sin dar pasos atrás en la tranquilidad de las familias canarias.

Por un lado, garantizándole unos ingresos adecuados para mejorar en la vida y, por otro, que, si cae enfermo alguno de sus miembros, o necesita una educación, e incluso, un programa de asistencia social, tenga las garantías de que alguien vela por sus intereses de manera prioritaria al resto de autonomías.

*Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria