La Federación Insular se reúne hoy en junta para estudiar la situación originada a partir del comunicado en el que un grupo de árbitros adscritos al organismo anuncia un plante para la jornada del próximo día 28 al 3 de abril. Rafael González, presidente federativo, ha evitado hacer valoraciones sobre la situación generada.

Por su parte, Juan Antonio Molina, uno de los colegiados que secundan la decisión de parar, dijo ayer en Radio El Día que "son siete los firmantes del comunicado, pero hay mucha más gente detrás" y explicó que los siete firmantes son los de mayor categoría y se interponen para proteger a sus compañeros de posibles represalias. Molina aseguró que "la Federación ha dado la espalda a esta reivindicación, no ha habido comunicación con nosotros, tampoco respetan el sentir del resto de la gente que está en esta causa, ni siquiera han mostrado el mínimo interés, al contrario, han cerrado cualquier tipo de vía de comunicación y, en concreto, Rafa (el presidente), como nunca ha estado, pues no se le ha echado de menos. De hecho hay muchos árbitros que ni lo conocen. La vicepresidenta arbitral, que es un cargo interino, ha cerrado todas las vías. La negociación con ella es imposible", aseguró.

La Federación Insular, que tutela un colectivo arbitral que cuenta con más de cien efectivos, ha evitado pronunciarse y tiene previsto responder con un comunicado tras la junta que van a celebrar esta misma tarde.

Una pérdida del 25% de efectivos en cuatro años

Los árbitros que han decidido el plante justifican su postura en una larga nota en la que destacan varios puntos. Los colegiados tienen una reivindicación que contempla "el componente económico, que no va tanto en honorarios, que también, sino en la inversión en la formación de árbitros, en cosas tan básicas como sus camisas o chaquetas. Los propios árbitros han tenido que ir a comprarse sus chaquetas y ponerse las serigrafías ellos mismos, básicamente para no pasar el ridículo que pasan en las canchas", arbitrando con ropas que no son de la Federación, explicó Molina. Además, la nota hace referencia a que cada colegiado cobra 7,5 euros en partidos de categoría cadete o inferiores, de una "Federación que recibe en torno a 340.000 euros por arbitraje, entre lo que pagan los clubes y lo que reciben de subvenciones por parte del Cabildo, mientras que la inversión en arbitraje es de 240.000. Hay un beneficio en el ámbito arbitral de cien mil euros". Además, en la nota se especifica que en los "últimos cuatro años" el colectivo ha perdido más del 25% de su plantilla, "por la deriva de la gestión, las arbitrariedades y las faltas de respeto desde los cargos directivos hacia los propios colegiados" a cargo de los responsables del colectivo.