El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Guillermo Díaz, avanzó a EL DÍA que la consejera autonómica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pilar Merino, "tiene la intención de que el Ejecutivo de las Islas apruebe la Estrategia del Vino 2008 a 2013, que propone 35 grandes acciones, en el transcurso de este mes", porque el documento ya está "lo suficientemente consensuado y maduro" como para llevarlo al Consejo de Gobierno.
Luego, el instrumento irá al Parlamento para que la oposición conozca su contenido. "La consejera quiere llevar los datos bien cerrados y un texto sin coletillas que cuantifique los objetivos planteados para que resulte sólido", apostilló Díaz. El director del ICCA explica que el objetivo básico de esta iniciativa es lograr que "en las Islas se pueda vivir del vino, y que se pueda vivir bien", al hacer rentable esta actividad tanto para el agricultor como para la propia Administración.
Discrepancias
Para conseguirlo, las grandes acciones que propone el documento fueron consensuadas con los agentes que participan en la producción y la comercialización del vino, así como con otras administraciones. Pero la cantidad y variedad de agentes consultados no garantiza el apoyo al 100% a este instrumento.
La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), que también participó en las discusiones, se muestra escéptica sobre su eficacia si no se acompaña con otras medidas adicionales y ayudas a la producción. Su secretario, Jesús Corvo, afirma que problemas "fundamentales" del cultivo como las importaciones de caldos a las Islas, en particular desde la Península, y el "exiguo" nivel de las ayudas a la producción, quedaron fuera de la Estrategia.
Corvo atribuye al "bajo" precio del vino importado que su consumo en las Islas ronde los 60 millones de litros anuales, lo que Avibo considera como una competencia desleal al no estar gravado con el Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), "como sí ocurre con la cerveza de fuera", por lo que demanda que la consejería aconseje la imposición de este impuesto a los caldos foráneos.
Además, Corvo critica que la viña, que es el cultivo más extendido de las Islas al ocupar casi 19.000 hectáreas de las 52.000 que están en producción (36% del total), recibe "una miseria" en ayudas a la producción, pese a que da trabajo a 18.000 familias. Pero Díaz asegura que el documento sí contempla la revisión del marco económico y fiscal de la vitivinicultura. "Tras detectar que había un déficit en el tratamiento del tema, encargamos un estudio sobre la fiscalidad que soporta la actividad y a partir de sus conclusiones propusimos incrementar en 9,5 millones de euros las ayudas para el subsector, que ahora negocia en Bruselas el Gobierno central".
El máximo responsable del ICCA puntualiza que este asunto "todavía está en curso, pero no es una demanda negada", explica. "Las ayudas llegarán, pero toma un tiempo su tramitación", añade.
Respecto al AIEM, Díaz aclara que "no corresponde a la Consejería de Agricultura decidir si se da una extensión de ese tributo a la importación de vinos, sino pedir, como ya lo ha hecho, que la Consejería de Economía y Hacienda, que es la competente en materia fiscal, estudie las implicaciones del asunto y tome una decisión".