El Gobierno autónomo descartó ayer articular su contribución a las ayudas a la compra de automóviles con cargo al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con lo que se adherirá al Plan 2000E estatal aportando 500 euros de forma directa, según explicó ayer la viceconsejera de Economía y Hacienda, Matilde Asián, a los representantes de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios (Fredica) durante una reunión celebrada en Las Palmas.

Este encuentro fue el segundo que mantiene el subsector con el Ejecutivo esta semana, después de que el lunes Asián pidiera dos días de plazo para ultimar el régimen de concesión de las ayudas. Aunque el consejero del área, José Manuel Soria, insistió el martes en que la opción más viable seguía sujeta a la modificación de tipos del IGIC, ayer se desestimó ésta porque demoraría la puesta en marcha de las ayudas y, con ello, las ventas, señaló el secretario general de Fredica, Cristóbal Núñez.

La subvención de 500 euros se hará efectiva con carácter retroactivo al 18 de mayo, fecha en la que entró en vigor el plan estatal. Ello destierra los temores de los concesionarios canarios de que las expectativas creadas por el anuncio del Gobierno isleño pospusieran las decisiones de compra de los consumidores, que habían mostrado su malestar ante las dudas del Ejecutivo. "Entendiendo que el mercado puede sufrir las consecuencias de ese retraso, han decidido adherirse al Plan 2000E", destacó Núñez tras la reunión de ayer.

La Consejería de Economía se excusó ante los empresarios del ramo señalando que el anuncio del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el Debate del Estado de la Nación (el pasado día 12) de que se impulsaría de esta forma la venta de automóviles "había precipitado los acontecimientos", con lo que la principal alternativa consensuada con los vendedores canarios -reducir el IGIC- tenía más inconvenientes que ventajas.

Su descarte fue "agradecido enormemente" por Fredica, ya que la consecuente adhesión al que se denomina "nuevo Prever", explicó Núñez, "facilita la gestión, y es una ayuda directa con un mensaje claro: cualquier consumidor que ahora vaya a un concesionario va a tener un descuento de 2.000 euros, como mínimo. Aplaudimos la decisión porque deriva en tener un único sistema".

Canarias aportará, por tanto, 500 euros al Plan 2000E, en el que la cuota que corresponde al Estado suma la misma cantidad y los fabricantes aportan 1.000. La iniciativa tiene por meta aminorar la caída en las ventas de coches (de más del 40% en el Archipiélago durante abril) incentivando el achatarramiento de los vehículos de diez o más años y su sustitución por uno nuevo, menos contaminante y más seguro. También persigue asegurar los puestos de trabajo de los concesionarios, que peligran ante el bajón del negocio.

De acuerdo con el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, los requisitos planteados por el Gobierno para acceder a estas ayudas son prácticamente los mismos que para el Plan VIVE, activado el pasado verano con idénticos fines, aunque sin el gancho de las subvenciones directas, lo que ha mermado su eficacia.

Los turismos adquiridos, nuevos o con hasta cinco años de antigüedad, deben costar menos de 30.000 euros y presentar un nivel de emisiones máximo de 120 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro (se amplía a 149 si incluyen elementos adicionales de seguridad o ecológicos).

El Gobierno autónomo, según adelantó ayer Fredica, reclamará la certificación de residencia para su subvención de 500 euros. Esta contribución reducirá, según la patronal, el bajón en las ventas un 10%.