La huelga de funcionarios y del personal laboral del sector público, que se realizó ayer en protesta contra la reducción salarial a este colectivo, tuvo un seguimiento del 75%, según los sindicatos, un porcentaje que el Gobierno central rebajó al 11,8%.

La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, aseguró que "dentro del respeto que al Gobierno le merecen las organizaciones convocantes, se puede decir que la huelga ha tenido un alcance limitado".

Esos sindicatos, UGT, CCOO y CSI-CSIF, cifraron la participación en el 75%, cifra que contrasta con la calculada por el Gobierno -sólo para la Administración General del Estado-, del 11,8%. No obstante, según la Federación Española de Municipios y Provincias, el respaldo en este ámbito se aproximó a esa cifra, con un 10,5%.

Además, los porcentajes completamente distintos sobre el seguimiento de la huelga en el sector público autonómico fueron la tónica generalizada del día, en función de que los datos fueran facilitados por los gobiernos autónomos o por los sindicatos.

Eso sí, estos últimos y el Ejecutivo central coincidieron en que el paro no afectó al funcionamiento de la Administración ni de los principales servicios públicos, como la sanidad o la educación.

Sí hubo discrepancias sobre los servicios mínimos marcados por las distintas administraciones, que fueron "excesivos", diseñados con "una ingeniería que se ha superado a sí misma", criticó el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que advirtió de que serían "contestados en los tribunales".

En el mismo sentido, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, señaló, durante la manifestación convocada en Madrid con motivo de la huelga, que ésta fue un éxito a pesar del "hachazo al derecho de huelga" que se cometió con los servicios mínimos.

Por su parte, Rumí aseguró que las instrucciones del Ejecutivo para tales servicios fueron "clarísimas" y que los mismos sólo afectaron al 6% de la plantilla total.

Durante la citada manifestación, que reunió a 75.000 personas en la capital del país, según los convocantes -8.000 para la policía-, Toxo acusó al Gobierno de "maquillar" las cifras de participación en la huelga y aconsejó al Ejecutivo "tomar nota" de las protestas que se desarrollaron en toda España contra el recorte salarial en la función pública.

Lastrará la recuperación

El secretario general de CCOO insistió en que hubo "un nivel de respuesta muy importante en los centros de trabajo y en las salidas a la calle" -en Barcelona se reunieron 30.000 manifestantes, según la Guardia Urbana- en contra de un conjunto de medidas "que va a suponer un mayor retraso de la recuperación económica".

Al respecto, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, mostró su apoyo a la huelga de los funcionarios porque éstos no son los responsables de la crisis y es injusto que se les aplique un "tijeretazo" que mermará su capacidad adquisitiva, lo que, a su vez, ligó a un bajón del consumo y un aumento de los despidos.

Méndez avisó de que el paro de ayer puede significar "el principio de muchos más", aunque eso dependerá de lo que haga el Ejecutivo, añadió en referencia a la reforma laboral que aún se está negociando en la mesa de diálogo social. "Si se impone una decisión unilateral que lesione los derechos de los trabajadores", el Ejecutivo "provocará otro conflicto", recalcó.

El Gobierno, agregó, "no ha percibido que los pensionistas son la parte más débil de la sociedad" y que los empleados públicos son "personas muy profesionales que permiten con su abnegación atender servicios públicos esenciales".