La reforma de las pensiones en España, aprobada en enero por el Gobierno y acordada con los agentes sociales, rebajará estas prestaciones casi un 9% según el "Panorama de la Pensiones 2011" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los nuevos parámetros introducidos bajarán el importe de la pensión de un trabajador con carrera completa que entra en el mercado de trabajo en 2008 desde el 81,2% del salario medio hasta el 73,9%, lo que supone 7,3 puntos menos en relación al último sueldo y una rebaja de casi el 9%, ya que ésta afectaría más, en la tasa de reemplazo, a los trabajadores con carreras interrumpidas. Para aquellos con 10 años de interrupción de carrera el porcentaje de la pensión respecto al sueldo sería del 70,5%.

Cotizaciones antiguas

La reforma de pensiones reduce el peso de las prestaciones respecto al sueldo porque, cuando esté completamente implantada, tomará como base de cálculo los últimos 25 años cotizados (frente a los 15 actuales). Al incluir en el cómputo cotizaciones más antiguas (y previsiblemente inferiores a las de los últimos años), la media de la pensión baja, salvo para los cotizantes que han sido expulsados prematuramente del mercado laboral.

La OCDE señala que la tasa simulada de reemplazo, que es la que mide la pensión en relación con los ingresos salariales, es actualmente mucho más reducida en los 34 países que componen la organización (57,3%). En términos netos, es decir, teniendo en cuenta los impuestos y contribuciones pagados sobre las prestaciones de jubilación y sobre los ingresos durante la vida laboral, la tasa neta pasará del 84,9% al 78,3%, frente a la media de la OCDE del 68,8%.

La Organización cree que la reforma del sistema de pensiones español "reforzará la relación entre cotizaciones y prestaciones en comparación con el actual sistema", al aumentar el número de años de cotización necesarios para recibir el 100% de la pensión, y considera que afectará más a los trabajadores con carreras interrumpidas.

La OCDE aclara que estas estimaciones se han hecho de acuerdo con las previsiones estándares de la OCDE del 2,5% de inflación y del 2% de crecimiento real de los ingresos, pero no incluyen los ajustes adicionales de determinados parámetros a partir de 2027, relevantes para la sostenibilidad y adecuación de las futuras pensiones, fruto de los mecanismos de revisión automática que se pondrán en marcha cada 5 años. En términos generales, la OCDE destaca que la reciente reforma "va a mejorar significativamente la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones español". En concreto, destaca que la propuesta permitirá reducir el gasto en pensiones a largo plazo en una cantidad equivalente al 3,5% del PIB.

Asimismo, recordó que en España el gasto en pensiones es del 9% del PIB, cifra ligeramente superior a la media de la OCDE, pero que, si se tiene en cuenta la situación demográfica, es "prácticamente" idéntica. Además, apunta que el gasto actualmente es mucho más alto en otros países como Francia e Italia que en España.

En esta línea, explica que el informe de 2009 estimaba que el gasto en pensiones en España crecería por encima del 15% del PIB en 2050, sobrepasando a Francia, Alemania e Italia. Sin embargo, el efecto de las propuestas de reforma lo situará, según las estimaciones del Gobierno, tan solo un poco por encima de la media de la OCDE y por debajo del gasto previsto en esos tres países europeos.

Por otro lado, también apunta que en otros países donde también existen condiciones relativas al número de años de cotización para acceder a la jubilación completa antes de alcanzar la edad legal de jubilación, las reglas son generalmente "más estrictas". Así, Francia está ampliando el número de años a 42.

La OCDE subraya que, con las reformas puestas en marcha, la edad legal de jubilación aumentará en 18 países para las mujeres y en 14 para los hombres. Así, para 2050, la edad de jubilación se situará muy cerca de los 65 años en los 34 países que integran la organización. Pero estas medidas no compensarían las previsiones de aumento de la esperanza de vida, lo que supone que, a pesar de las subidas en la edad legal de jubilación, los pensionistas seguirían disfrutando de estas prestaciones durante más tiempo.

En su informe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico propone en esencia dos soluciones para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones: trabajar más años y dar más cabida a las pensiones privadas.