Más de 28.000 familias (el 1,3% del total) perderán su vivienda en los próximos cinco años en Canarias fruto de las ejecuciones hipotecarias, según los cálculos que publicó ayer la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES).
En una nota, AFES vinculó este dato a que las Islas son una de las comunidades "donde la crisis económica está golpeando más fuerte", como evidencia la actual cifra de 254.341 parados.
"La consecuencia más inmediata para muchos será la pérdida de la vivienda debido al impago del crédito hipotecario", remarcó la asociación.
A esto se añade, según AFES, que el "colapso" en los juzgados de este tipo de procesos ha generado una "bolsa" de vivienda en ejecución hipotecaria sin finalizar. Teniendo en cuenta que estos procedimientos duran cerca de un año y medio, los juzgados isleños, advirtió, acumulan desde hace dos años 10.000 expedientes.
La asociación recordó que la construcción "empujó" la economía de Canarias durante los primeros años de la pasada década "al emplear a gran parte del tejido productivo canario, formado por trabajadores que compraban su vivienda a unos precios muy elevados pensando en la rentabilidad que daría". El auge económico "favoreció también la compra, ya que las expectativas indicaban que era una buena inversión".
"Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, gran parte de la población perdió su empleo y también la posibilidad de vender su vivienda, cuyo precio, además, descendió dramáticamente. Como consecuencia, más de 28.000 familias canarias no pueden afrontar el préstamo hipotecario que solicitaron o, en caso de venta, el valor actual del inmueble no alcanza para cubrir su deuda", argumentó AFES.