Un auto judicial determinó el pasado miércoles el embargo cautelar de las cuentas y bienes de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias, una decisión que ayer fue calificada de "desproporcionada" por algunas fuentes de la organización que aseguraron que "el sindicato no se va a conformar y va a agotar todos los mecanismos legales que sean pertinentes para afrontar esta situación".
Con el objetivo de dar a conocer en detalle el auto y buscar una solución a este asunto, que definieron como "un palo muy gordo", máxime cuando "todo el mundo conoce las penurias económicas por la que atraviesa, a raíz del agujero cercano a los 9 millones de euros que dejó el escándalo de la Fundescan", el secretario general de UGT en las Islas, Gustavo Santana, ha convocado una reunión para el próximo lunes, día 13 de junio. En ella participarán los máximos representantes de todas las federaciones insulares, así como a los presidentes de las gestoras de Tenerife y Gran Canaria y los secretarios de las uniones insulares de las islas periféricas.
Las mismas fuentes aseveraron que, "de inmediato se puso en conocimiento del órgano confederal el contenido del fallo judicial, y ya se han iniciado conversaciones con la Tesorería del sindicato a escala nacional para ver cómo se puede resolver esta cuestión", al tiempo que agregaron que desde ayer mismo "los abogados están estudiando el tema".
Del mismo modo, recalcan que las medidas cautelares anunciadas por la magistrada "son excesivamente fuertes para un proceso judicial que se prevé largo". No en vano, subrayan que "todo apunta a que se recurrirá", y enfatizan que "si es necesario se llegará hasta el Tribunal Supremo o donde haga falta".
No obstante, matizan que, "al tratarse de una situación preventiva todavía se desconoce si el embargo se ejecutará de manera inmediata".
En cuanto al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y las supuestas discrepancias de los delegados de Tenerife con este proceso, argumentaron que "a pesar de que este procedimiento no es agradable bajo ningún concepto, ni para una empresa, ni para la administración ni para un sindicato, las condiciones no son del todo malas con unas indemnizaciones que alcanzan los 35 días por año trabajado".
A su vez, apostillan que desde el congreso en que Santana fue nombrado secretario general todos sabíamos que la situación económica estaba tan mal que no había más remedio que afrontar un ERE".
Por último, esgrimieron que "aunque suena feo que un sindicato se vea obligado a llegar a este extremo, ya ha habido otros que lo han hecho en el Archipiélago sin que nadie se enterara".