Miembros del comité de expertos creado en abril pasado por el Gobierno panameño tras el escándalo conocido como papeles de Panamá calificaron de "inaceptable" que el nobel de Economía Joseph Stiglitz cuestione el compromiso del país con una revisión transparente de su sistema financiero.
En un encuentro con la prensa extranjera en la sede de la Cancillería, tres de los miembros panameños del comité que lideró Stiglitz hasta la semana pasada reconocieron que las críticas públicas del economista antiglobalización contra Panamá han generado un "daño mediático" para el país, que intenta limpiar su imagen tras la filtración masiva de la firma local Mossack Fonseca.
El premio nobel de economía 2001 y el experto suizo Mark Pieth renunciaron la semana pasada al comité de expertos alegando que el Ejecutivo de Juan Carlos Varela nunca se comprometió a publicar sin censura su informe de trabajo.
"Es inaceptable que se hable de censura (...) Los dos señores conocían y tenían claro el alcance y la manera en que se transmitía la información (...) Panamá no le ha cambiado las reglas a nadie, los que están cambiando las reglas son ellos", dijo este lunes el exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta.
Recalcó que el decreto ejecutivo que creó el grupo de expertos establece que "los insumos, deliberaciones y demás información que genere el comité serán mantenidos bajo reserva hasta que el comité presente sus conclusiones al presidente" de Panamá, y que "el envío de comunicados públicos será responsabilidad exclusiva del Gobierno".
Esas condiciones fueron aceptadas por los siete miembros del comité cuando fue instalado, afirmó Alemán Zubieta, que por ello consideró sorpresiva e injusta la salida intempestiva del laureado economista.
El comité ha entregado hasta ahora al Gobierno un único informe preliminar, cuyo contenido no ha sido difundido, que ni Stiglitz ni Pieth aprobaron, según declaró el sábado el nobel de economía.
Alemán dijo que pese a la salida de Stiglitz y Pieth la comisión continuará su trabajo y previsiblemente entregará al Ejecutivo su informe final la primera semana de septiembre.
El Gobierno de Varela creó el comité de expertos a los pocos días de que se filtraran a la prensa 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca, que revelan que personalidades de todo el mundo recurrieron a sociedades "offshore", abiertas por el bufete panameño en 21 jurisdicciones del mundo, levantando sospechas de evasión de impuestos y ocultamiento de fortunas.
"El daño mediático" por las declaraciones de Stiglitz "ciertamente es un hecho pero a Panamá, como país, lo que le corresponde es actuar frente a los organismos internacionales modificando la normativa y la legislación para adecuarse o no a los estándares internacionales", sostuvo, por su parte, este lunes la ex ministra panameña de Comercio Gisela Álvarez de Porras.
Álvarez relató que tanto Stiglitz como Pieth proponían para Panamá estándares más estrictos que los del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero que el resto del comité abogaba por que el país continuara apegado a las normas de esos organismos, que son los que lo evalúan periódicamente.
Además de Alemán Zubieta y Álvarez, habló este lunes a los corresponsales extranjeros acreditados en Panamá el panameño Domingo Latorraca.
No estuvieron el ex presidente panameño Nicolás Ardito Barletta ni el costarricense y doctor en Economía de la Universidad de Harvard (EEUU) Roberto Artavia.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, aseguró hoy que Stiglitz y Pieth "se querían salir de los parámetros establecidos por la propia comisión y pareciera que querían utilizar su nombramiento para tema de agendas personales".
En un acto oficial de la Asamblea Nacional (parlamento) reiteró la continuidad de labores del comité, que no se verá "afectada" por las dimisiones de dos de sus tres miembros extranjeros.
El escándalo de los papeles de Panamá desató críticas contra el país centroamericano, que tiene en el sistema financiero uno de sus pilares económicos, y una de las primeras consecuencias fue la decisión de Francia de volver a incluirlo en su lista de paraísos fiscales.