La banca afronta horas decisivas antes de que mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclare si los afectados por las cláusulas suelo recuperarán el dinero pagado de más desde la firma del contrato o sólo desde 2013, cuando el Supremo dictó la primera sentencia al respecto.

Una espera que también aguardan con expectación los particulares que suscribieron estos préstamos, entre ellos los tres millones de familias españolas que, según datos del "Estudio Hipotecario Nacional 2005-2015" elaborado por el despacho Martínez-Echevarría Abogados, aún mantienen en vigor tales cláusulas.

La tendencia bajista del Euríbor, que el pasado noviembre cerró en tasa negativa por décimo mes consecutivo (-0,073 %), incide en la situación de los afectados, que no pueden beneficiarse de este retroceso ya que su contrato fija un "suelo" mínimo a pagar, independientemente de las variaciones tanto de este indicador como de los tipos de interés.

Según los cálculos manejados por el bufete en su informe, de los más de 10,5 millones de hipotecas entre 2005 y 2016 en España, alrededor de tres millones están afectadas por las cláusulas suelo; una circunstancia que se agrava en el caso de las suscritas en los últimos ejercicios, donde los efectos son más evidentes al tratarse de préstamos por un importe menor.

La restitución de las cantidades depositadas de más por parte de los clientes, estimadas entre los 3.000 y los 6.000 euros, podría suponer un perjuicio de hasta 7.000 millones de euros para el sector financiero, que a pesar del posible impacto "acatará y respetará, como siempre ha hecho", cualquier resolución contraria.

Así lo consideró el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, tras conocer las conclusiones del abogado general del TJUE, Paolo Mengozzi, que el pasado julio se pronunció en contra de la retroactividad alegando cuestiones macroeconómicas.

El abogado dio la razón entonces al Tribunal Supremo, que en sentencia del 9 de mayo de 2013 limitó en el tiempo los efectos de la nulidad de las cláusulas suscritas sin la suficiente información -no transparentes- con el fin de evitar cualquier tipo de interferencia en la recuperación del frágil sector bancario.

Las palabras de Mengozzi, que el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, tildó de "equilibradas" puesto que protegían los derechos de los consumidores y no generaban incertidumbre financiera, sin embargo no fueron bien recibidas por parte de los usuarios, quienes consideraron que el abogado atendió al "bienestar de la banca" y no al de las víctimas de un "fraude millonario".

A pesar de ello, los expertos consultados mantienen la esperanza de que los magistrados del TJUE, de perfil pro-consumidor, estimen las reclamaciones de los clientes y equiparen a éstos con las entidades.

"Algunos bancos están intentando llegar a acuerdos con los clientes para eliminar los ''suelos'', ya que saben que puede haber retroactividad total", asegura el socio director de Martínez-Echevarría Abogados, Vicente Morató, aunque desconfía de este acercamiento ya que hacer firmar al cliente puede suponer que no pueda reclamar sus derechos por la vía judicial.

El TJUE celebrará mañana en Luxemburgo la lectura pública de la sentencia en la que se resolverán los asuntos prejudiciales planteados por el juzgado de lo Mercantil de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante sobre las cláusulas suelo de BBVA, Banco Popular y Cajasur.

De fallar a favor de la retroactividad, apuntan desde el despacho de abogados Navas & Cusí, la entidad más afectada sería BBVA con 1.815 millones de euros, seguida de CaixaBank, con un potencial impacto de 750 millones, en tanto que el Popular provisionó 350 millones en 2015.