Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea tratarán de acordar el martes la reforma de una directiva para poner fin a los desajustes con los sistemas fiscales de terceros países que permiten a las multinacionales aprovechar las diferencias legislativas para reducir sus obligaciones tributarias.

El Consejo de Ministros europeos de Economía y Finanzas (Ecofin) intentará cerrar los cambios en una directiva contra la evasión fiscal que se centra en las disparidades con países no europeos, que se enmarca dentro de las medidas acordadas por la UE para prevenir la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas a raíz de escándalos como los Panama Papers.

Las disparidades dentro de la UE están ya cubiertas por otra directiva fiscal adoptada en julio del pasado año.

El Ecofin debatió la reforma que se tratará este martes en su reunión del pasado diciembre, pero los ministros no lograron ponerse de acuerdo sobre dos puntos: las exenciones para el sector financiero que solicitaba Reino Unido y la fecha de entrada en vigor de las nuevas disposiciones, que Holanda quería aplazar hasta 2014.

Malta, país que preside el Consejo de la UE este semestre, propone limitar en el tiempo la exención al sector bancario y aplazar un año la puesta en marcha de la directiva, hasta enero de 2019, según fuentes diplomáticas.

España "puede apoyar" esa propuesta, que tiene probabilidades de ser aprobada por el Ecofin el martes, según fuentes del ministerio de Economía español.

Por otra parte, el Consejo debatirá el martes el progreso logrado en los criterios y procesos para determinar qué países deben entrar en la "lista negra" de paraísos fiscales de la UE, que esperan tener preparada a finales de 2017.

El pasado mes de noviembre los ministros de Economía y Finanzas de la UE abordaron ya el tema, pero quedó abierta en particular la definición de qué se considera actividades "offshore".

Los criterios para determinar si un país debe ser considerado paraíso fiscal se basan en su nivel de transparencia fiscal, lo justa que sea su política impositiva y si aplica medidas contra la erosión de la base impositiva o la transferencia de beneficios.

La UE ya ha elaborado una lista preliminar de jurisdicciones a evaluar, de forma que los análisis -que incluirán un diálogo con los países en cuestión para encontrar soluciones a las preocupaciones comunitarias- puedan concluir en septiembre de 2017 y la lista esté cerrada a finales de año.

De hecho, fuentes diplomáticas indicaron que ya se han enviado cartas, el primer paso del proceso de análisis, a 92 países.

Por otra parte, el Consejo dará al Comité Económico y Financiero el mandato de finalizar los preparativos de cara a la reunión de los ministros de Finanzas y de los gobernadores del banco central del G20 que tendrá lugar el 17 y 18 de marzo en Baden-Baden (Alemania).

Se espera, además, que los ministros adopten las directrices para el presupuesto de 2018.