La asociación de consumidores Adicae ha presentado hoy una querella contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, y otros dieciséis consejeros por presunta estafa al inversor, falsedad contable y administración desleal, delitos que habrían propiciado la quiebra de la entidad.

En concreto, se dirige contra los dos últimos Consejos de Administración del Popular, en los que figuran el exconsejero delegado Pedro Larena, su sucesor Ignacio Sánchez-Asiaín, el exvicepresidente Roberto Higuera y Reyes Calderón, como integrante de la comisión de nombramientos.

La asociación considera que los gestores habrían incurrido en otros delitos económicos: uno contra el mercado de valores por el posible "falseamiento o desinformación" sobre la situación de la cartera, así como maquinación para alterar los precios de sus acciones en Bolsa.

A éstos achaca además un posible uso de información privilegiada dentro del Consejo con el "fin de hacerse con el control del banco", lo que habría provocado que "inversores más potentes e institucionales modificaran sus posiciones en la última etapa" favoreciendo la "fuga de depósitos" previa al proceso de resolución y su "falta de liquidez".

Según ha explicado el presidente de Adicae, Manuel Pardos, la acción, presentada como acusación popular, busca "defender el interés de los pequeños accionistas y ahorradores" cuyo único derecho es "votar cuando las decisiones ya están tomadas".

Pardos, que ha anunciado que en las próximas semanas presentarán otra querella en representación de más de 1.500 inversores, se ha referido al papel de las instituciones europeas, y ha recordado que la operación que acabó con la adjudicación del Popular al Santander se basó en leyes comunitarias "de significado dudoso" que no se han aplicado en países como Italia, a pesar de la delicada situación de sus bancos.

Al respecto, el abogado Víctor Cremades, encargado del procedimiento, ha asegurado que si bien la causa se prevé "compleja", desvelará "la terrible captación de dinero" puesta en marcha por el Popular "de forma irregular".

Especialmente, entre enero de 2009 y noviembre de 2011, cuando comercializaron productos financieros de carácter "tóxico y complejo (...) engañando e infringiendo la ley", expone la querella.

Además de solicitar la declaración como investigados de las personas contra las que se dirige, el documento pide las comparecencias en calidad de testigos del ministro de Economía, Luis de Guindos; de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín; del subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, y de la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ana María Martínez-Pina.

Un elenco al que incorpora a PwC, firma que auditó las cuentas anuales de la entidad entre 2011 y 2016, y Deloitte, cuyos expertos realizaron la valoración para ejecutar la adjudicación al Santander.

La medida de Adicae, que también ha recurrido por la vía contencioso-administrativa ante los tribunales español y europeo, se conoce después de que la Fiscalía Anticorrupción instase al juez Fernando Andreu a que admita a trámite las querellas contra las antiguas cúpulas del Popular.

En total, una treintena de procedimientos interpuestos por particulares y colectivos contra la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 de junio y posteriormente vendido al Santander al precio simbólico de un euro, en una operación decidida por el Banco Central Europeo (BCE) que supuso la reducción a cero de las inversiones en acciones y deuda subordinada.

Dichos pleitos se suman a los recursos contenciosos-administrativos contra el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y el FROB, y a ellos se unirán las futuras acciones civiles ya anunciadas por varias agrupaciones de afectados.