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Diésel: la larga guerra a un combustible en tela de juicio

Por Paola Bruni, Madrid, EFECOM
8/sep/18 10:33 AM
eldia.es
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El diésel ha sido puesto en tela de juicio desde que hace tres años estalló el conocido como caso "Dieselgate", un escándalo en el que se descubrió que Volkswagen utilizaba programas informáticos fraudulentos para engañar en las pruebas de emisiones contaminantes de vehículos propulsados por este tipo de motorización.

Esta "demonización" y desconfianza en torno al diésel ha provocado que las ventas de estos vehículos acumulen cinco años de descensos frente a los de gasolina, y ha generado también un debate en torno a los diferentes niveles de emisiones de contaminación de dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) y cuál de ellos contamina más.

De hecho, las ventas de coches diésel se han situado a niveles de 1998 tras caer el pasado año un 14,9 %, mientras que las de gasolina se han incrementado un 15,2%, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

En lo que va de año, este combustible ha perdido 6 puntos porcentuales de cuota de mercado en España, de acuerdo con la patronal de fabricantes Anfac.

El cuestionamiento de la tecnología diésel ha conllevado la puesta en marcha de medidas como la nueva normativa europea de homologación de emisiones y consumos WLTP, que entró en vigor el 1 de septiembre y establece pruebas más estrictas para asegurar unos niveles de emisión de CO2 más fiables.

Para la Comisión Europea desde el "Dieselgate" se han "cambiado las reglas del juego" respecto a este tema en la UE.

Sin embargo, la preocupación por el nivel de emisiones contaminantes de vehículos (tanto diésel como gasolina) ha llegado a varios municipios como el de Madrid, donde a partir de noviembre no podrán acceder al centro los coches y motos más contaminantes -es decir, los diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes de 2000, que carecen de distintivo ambiental de la DGT-.

En la polémica también ha intervenido el Gobierno. En julio la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que "el diésel tiene los días contados", lo que hizo que las patronales del automóvil le pidieran moderación.

Mensajes como éste y la entrada en vigor del WLTP hizo que las matriculaciones de turismos y todoterrenos se dispararan un 48,7 %, hasta las 107.692 unidades. De ellas el 56,2 % eran modelos de gasolina (en julio fue el 57,6 %), el 37,4 % de diésel (no varió) y el 6,3 % de híbridos+electricos (sin cambios).

En este panorama, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno, dentro del marco de Presupuestos Generales del Estado para 2019, quiere igualar los impuestos del diésel a los de la gasolina. Esto podría suponer un alza del gasóleo de automoción de 10 céntimos por litro.

La respuesta del sector de la automoción no se ha hecho esperar y han considerado negativa la medida, al tiempo que han pedido al Ejecutivo un enfoque más amplio, que contemple una hoja de ruta para la transición ecológica que incluya una renovación del parque y una reforma fiscal de automóvil.

Desde Anfac se ha advertido de que esta visión negativa del diésel puede perjudicar a la consolidación de las fábricas implantadas en España, que ensamblan más de 1,4 millones de vehículos diésel -representan el 40 % de la producción total, según los expertos- y dos millones de motores al año.

Los fabricantes también consideran que no puede justificarse un alza de tasas al gasóleo por sus emisiones contaminantes, ya que los vehículos diésel nuevos "emiten hasta un 84 % menos de NOx y un 90 % menos de partículas que los automóviles de más de 15 años de antigüedad".

Más dura ha sido la federación de Industria de CCOO, que ha asegurado que la "política antidiésel" del Gobierno provocará pérdida de empleos y de tejido industrial en el automóvil, a pesar de que sus mensajes carecen de "solvencia científica".

En la misma línea, la Asociación nacional de importadores de automóviles, camiones, autobuses y motocicletas (Aniacam) considera "un mal camino" subir impuestos a los vehículos gasoil, ya que caerán más sus ventas y subirán las de gasolina, lo que provocará más emisiones de CO2 a la atmósfera.

Al respecto, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha indicado que "una penalización añadida al diésel va a aumentar las emisiones de CO2", responsable del efecto invernadero.