La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado hoy que, aunque le "gustaría", el Gobierno "no se puede comprometer" a que el año que viene haya unas pensiones mínimas de 1.080 euros al mes y un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros, como reclaman los jubilados y pensionistas.

En una jornada marcada por las movilizaciones de jubilados y pensionistas, en el Día Internacional de las Personas Mayores, Valerio se ha reunido en Bilbao con una representación del colectivo de pensionistas en Bizkaia, que le ha planteado sus reivindicaciones y sus "dudas" con relación al acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones con arreglo al IPC "real".

En una rueda de prensa posterior, la ministra de Trabajo ha afirmado que "el Gobierno no se puede comprometer, porque mentiría" a que el año próximo pueda establecerse una pensión mínima de 1.080 euros al mes ni un SMI de 1.200 euros, como piden los pensionistas.

"Ya nos gustaría a todo el Gobierno (aprobar dicha pensión mínima), pero sencillamente, ahora mismo, el Gobierno y toda la sociedad debe tener claras dos prioridades: la sostenibilidad social del sistema público de pensiones para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo, y la sostenibilidad financiera del sistema", ha añadido Valerio, quien ha adelantado que los pensionistas le han comunicado que van a "seguir" con sus movilizaciones.

Valerio ha dicho que el sistema "tiene presente" y hay que "luchar para que tenga futuro" con la adopción de una serie de medidas para "reorientar" el sistema para "controlar el déficit y a ser posible convertirlo en superávit".

La ministra ha dicho que solo con las cotizaciones no se va a poder mantener el sistema y se ha mostrado abierta a una reforma fiscal que contribuya a la financiación de las pensiones, aunque ha confiado en que este año no sea preciso recurrir al fondo de reserva de la Seguridad Social.

Tras recordar que ese fondo de reserva tenía 67.000 millones de euros al final de 2011, y que actualmente se sitúa en 8.000 millones, Valerio ha dicho que la reforma laboral llevada a cabo por el PP "fue letal para el mercado de trabajo y para la tesorería de la Seguridad Social".

La titular de Trabajo ha asegurado que el Gobierno "va a seguir tirando del crédito" que se pidió el año pasado para pagar las pensiones, del que actualmente quedan 6.000 millones de euros. Dado que las cotizaciones a la Seguridad Social "están funcionando bastante bien", con subidas por encima del 5 por ciento, el Ejecutivo confía en que esos ingresos y los 6.000 millones que quedan del crédito permitan "no tocar" los 8.000 millones que quedan en el fondo de reserva.

En cuanto a lo que significa la subida del IPC "real", Valerio ha explicado que ello supone que, el año que viene, los jubilados y pensionistas recibirán una "paguilla" con la diferencia entre el IPC previsto para este año (1,6 por ciento) y el que acabe resultando realmente en 2018. "Es la misma dinámica que antes de la reforma del PP", ha agregado la ministra.

Al referirse al SMI, ha señalado que el Gobierno tiene "voluntad" de "respetar" el acuerdo alcanzado por el anterior Ejecutivo con sindicatos y empresarios para situar el salario mínimo en 850 euros en 2019.

Ha recordado también que sindicatos y empresarios han firmado el IV acuerdo de negociación colectiva, en el que se prevé una subida salarial del 2 % más un 1 % adicional en función de determinados parámetros.

Valerio ha dicho que los agentes sociales han pedido al Gobierno que dé tiempo a que se "desplieguen los efectos" de esas dos medidas, la del SMI y el acuerdo de la negociación colectiva, por lo que ha insistido en que el Ejecutivo no puede comprometerse por ahora a adoptar cambios en esta materia.

La ministra ha reiterado que el Gobierno no puede prometer a los pensionistas una subida que no va a poder cumplir, como la reclamación de los 1.080 euros, aunque ha subrayado que el Ejecutivo está "ocupado" en conseguir, a través del Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social, un sistema de pensiones "sostenible social y financieramente".

Preguntada por la transferencia de la gestión económica de Seguridad Social al País Vasco, que reivindica el PNV, Valerio ha señalado que el Gobierno "no considera una prioridad" ese traspaso.