La defensa del expresidente de Banco Popular Ángel Ron ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional un escrito de alegaciones en el que trata de desmontar el expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra Ron y otros miembros de la cúpula del banco por suministrar datos inexactos o no veraces en las cuentas anuales de 2016 y ha reclamado que el presidente del organismo supervisor, Sebastián Albella, declare en el procedimiento de instrucción por su responsabilidad en la operación de ampliación de capital de 2016.

Según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Ángel Ron ha destacado que en el acta del consejo de administración de 25 de mayo de 2016 consta que Albella analizó y examinó las cuentas de Banco Popular en 2016 como presidente de Linklaters y que fue uno de los asesores que participó en la aprobación de la ampliación de capital de dicho año, proporcionando una opinión legal favorable a los bancos comercializadores y asegurando a los consejeros que una operación de refuerzo de capital "nunca acarrearía ningún tipo de responsabilidad".

"El testimonio del señor Albella en la presente instrucción sería indispensable para que pueda exponer su posición ante el instructor cuando reforzó con su dictamen la decisión del consejo de administración del banco", ha señalado la defensa de Ron.

La CNMV procedió a incoar expediente sancionador a Banco Popular, los consejeros ejecutivos, los miembros de su comisión de auditoría y su director financiero por suministrar datos inexactos o no veraces en las cuentas anuales de 2016, cuya tramitación fue inmediatamente suspendida por la existencia de un proceso penal por hechos idénticos o inseparables en la Audiencia Nacional.

La defensa de Ron ha informado al Tribunal de que la "indebida divulgación" de esta información de la CNMV a los medios de comunicación vía email infringe las propias normas del organismo supervisor y los principios de buena fe e imparcialidad. Además, considera que esta actuación se sitúa en un contexto de "autoprotección" frente a la instrucción. "La CNMV fue informada en todo momento de todos y cada uno de los pasos que dieron lugar a la ampliación de capital, siendo testigo directo de los hechos que ahora pretende cuestionar", indica el documento.

En este sentido, ha asegurado que el conocimiento puntual de todo el proceso de la ampliación se evidencia en los correos y comunicaciones intercambiados antes, durante y después de la ampliación entre los técnicos del banco y la CNMV, que además recibió un informe detallado sobre el proceso de comercialización de la ampliación preparado por la auditoría interna del banco sobre el que hizo "diversos comentarios sin objeciones de fondo".

SUPUESTOS AJUSTES CONTABLES

El documento que Ron ha enviado al Juzgado también trata de desmontar los supuestos ajustes contables de 123 millones de euros comunicados el 3 de abril de 2017 en los que la CNMV ampara la incoación del expediente.

Así, reprocha que el supervisor prescinda de indicar que, frente a los 123 millones de déficit de provisiones, "existía un superávit de 184 millones en otros, con un exceso total según los requerimientos de la normativa de 61 millones de euros", y que tampoco aclare que la carta del auditor PwC a la CNMV que acompañaba a la presentación de dicho hecho relevante indicase expresamente que el consejo y la comisión de auditoría no tenían conocimiento previo de los aspectos mencionados en el mismo.

Respecto a las dudas de la CNMV sobre el fondo de comercio y los activos fiscales diferidos, el expresidente de Popular reitera que soportan "la divagación, ambigüedad e inexactitud que contamina la totalidad del informe", ya que estos supuestos indicios "quedan desacreditados" por los informes que PwC y E&Y realizaron a 31 de diciembre de 2016 por petición de la comisión de auditoría con conocimiento de la CNMV, que emitieron una conclusión favorable que fue comunicada al supervisor de los mercados en ese momento.

Los abogados de Ron, del Bufete Choclán, han remitido a la Audiencia Nacional los citados informes y ha solicitado al Juzgado que tenga en cuenta sus alegaciones y las remita, junto con el propio documento, a los peritos.