La propuesta del Gobierno, recogida en un borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, plantea la reducción de las emisiones de CO2 en un 20% de aquí a 2030. De la misma manera, se plantea la prohibición de matricular coches diésel, gasolina e híbridos a partir del año 2040.

Pensando en el futuro y para combatir el cambio climático

Algo más de 20 años son los que tienen la industria del automóvil y también las empresas auxiliares de automoción, como las de recambios industriales o recambios de camión, para planificar un cambio total en su estructura.

Como hemos podido tener conocimiento, todos estos sectores tendrían que adaptarse a la nueva realidad que imperará en nuestro país a partir de 2040.

La medida supone un gran cambio, pero el Gobierno incide en que ha avisado con una antelación suficiente para que el mundo del automóvil tenga el tiempo necesario para adaptarse sin que influya en el empleo ni en el nuevo funcionamiento.

Según ha informado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la intención es la de abrir un proceso de participación en la que intervengan todos los sectores industriales junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con el objetivo de llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros con “el mayor consenso posible” y trasladarlo posteriormente al Congreso.

El grueso de la nueva norma fija también como objetivo que el sistema eléctrico del país cuente con un mínimo del 70% de su generación a partir de energías renovables. Según han informado desde el Gobierno, para lograrlo será necesario “impulsar la instalación de un mínimo de 3.000 MW de potencia al año” a partir del próximo año.

Esta propuesta, recogida en un borrador de trabajo de Ley, es parte del compromiso en materia de reducción de emisiones y abarca tanto la parte eléctrica como el veto de la matriculación de vehículos de combustión (diésel, gasolina e híbridos) en 2040.

El asalto a los automóviles de combustibles fósiles

Queda clara la intención del actual Gobierno, de poner en el punto de mira el modelo de transporte actual, en su mayoría representado por vehículos de combustión fósil. Estos son, precisamente, los que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera y, por lo tanto, los mayores culpables de los problemas de contaminación que se vive en los mayores núcleos de población.

Recogida la situación en algunos medios como El País,, pretende ser una medida frente al calentamiento global al igual que han planteado ya otros países como Reino Unido y Francia. Los gobiernos de estas naciones ya plantearon con anterioridad la misma medida, vetando la matriculación de vehículos comerciales y coches de gasolina, diésel, híbridos y gas natural.

Aún queda un largo camino por recorrer a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático, sobre todo en este aspecto. En cifras, el total de vehículos eléctricos que existen a nivel global es de 3,1 millones, pero la previsión de los expertos es que este porcentaje aumentará a más del 40% del total de los vehículos en circulación en los próximos 10 años.

En resumen, este es el calendario que plantea el borrador:

  • 2023: para este año, el ejecutivo planteará que los municipios que cuenten con una población superior a los 50.000 habitantes deberán tener zonas de bajas emisiones. Normalmente, estas zonas estarán fijadas en los centros de las ciudades, donde suele concentrarse un mayor volumen de tráfico y en el que se prohibirá la circulación a los coches que más contaminen.
  • 2025: las nuevas construcciones de edificios deberán ajustarse a los nuevos requisitos de máxima calificación energética de edificaciones. La Administración General del Estado y el conjunto de organismos públicos no pondrán arrendar inmuebles que no tengan la consideración de edificación con consumo casi nulo de energía.
  • 2030: se pretende que para esta fecha la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se hayan reducido al menos en un 20% con respecto a la cifra de 1990. Además, el 70% de la generación de energía eléctrica deberá ser de origen renovable.
  • 2040: se prohibirá la matriculación y la venta de turismos y vehículos comerciales que emitan CO2. De igual forma, se pondrá fin a las prórrogas para las actividades de fracking y para la extracción de hidrocarburos.
  • 2050: una vez llevado a cabo todo el plan anterior, se plantea la prohibición de cualquier tipo de vehículo con emisiones de CO2 por las carreteras de nuestro país. Para entonces, el 100% de la generación eléctrica deberá ser de origen renovable y se alcanzará la reducción de un 90% de las emisiones con respecto a la misma fecha de 1990.

Sin ninguna duda, este proyecto supone el fin del sector de la automoción como lo conocemos hoy en día, así como el cambio definitivo de la generación de electricidad en nuestro país, en camino hacia un futuro más ecológico para con el planeta.