El Tribunal de Cuentas ha detectado un sobrecoste de 7.637,3 millones de euros a cierre de 2016 sobre el presupuesto inicial contemplado en los convenios para los proyectos de integración ferroviaria en las ciudades, como consecuencia del aumento del coste de las actuaciones.

En un informe de fiscalización de la actividad de las sociedades públicas de integración ferroviaria participadas por Adif Alta Velocidad, el Tribunal señala que, a pesar de que en el momento de suscribir los convenios estaba previsto que las actuaciones para integrar el ferrocarril no generasen déficit, a cierre de 2016 la necesidad futura de financiación ascendía a 2.049 millones de euros.

De acuerdo con el Tribunal de Cuentas era especialmente significativo el déficit del convenio de Valencia que, con 1.060 millones de euros, absorbía más de la mitad del déficit global.

Entre los factores que propiciaron esta situación, destaca el incremento del coste de las actuaciones, la existencia de gastos operativos y financieros no contemplados inicialmente en los convenios, así como la disminución de la estimación de las plusvalías derivadas de los aprovechamientos urbanísticos proyectados.

En este contexto, el Tribunal de Cuentas señala que las sociedades creadas para integrar el tren en determinadas ciudades tuvieron dificultades financieras para hacer frente a la devolución de los créditos bancarios que habían recibido.

De hecho, los accionistas tuvieron que otorgarles préstamos participativos para que pudieran cancelar el endeudamiento bancario y contar con la liquidez necesaria para su funcionamiento y para el pago a sus proveedores.

A 31 de diciembre de 2016, el compromiso de las aportaciones de la totalidad de los socios ascendía a 940 millones de euros, de los que se habían desembolsado 444 millones, y el importe pendiente de amortizar de los créditos bancarios ascendía a 1.127 millones (un 65 % correspondientes a los intereses), lo que contribuía a "engrosar" la deuda pública.

El Tribunal de Cuentas también ha hecho hincapié en el bajo grado de ejecución que presentaban las actuaciones contempladas en los diferentes convenios en 2016. De hecho, los convenios de Almería, Cartagena, Murcia y Vitoria no alcanzaban el 2 % de realización.

A consecuencia del retraso en la realización de los proyectos ferroviarios, también fue reducida la ejecución de las actuaciones de transformación urbanística.

El Tribunal de Cuentas también indica que es claramente insuficiente el importe del capital inicial de estas sociedades a tenor de las actuaciones millonarias que se debían acometer, y subraya que la definición de las actuaciones incluidas en los convenios y su cuantificación económica adolecían de un adecuado nivel de concreción.

Así, en la mayoría de ellos, no se cuantificaron las actuaciones urbanísticas ni los costes operativos y financieros de las sociedades de integración.