> La Confederación Española de Pesca (Cepesca) se personará como acusación popular en la causa abierta tras la ''Operación Tarantelo'' de la Guardia Civil, que ha dejado al descubierto una presunta trama dedicada al comercio ilegal de atún rojo, con más de 79 detenidos hasta ahora y la incautación de 80.000 kilos de esta especie, según ha informado en un comunicado.

En concreto, Cepesca se persona en la causa al considerar la "gravedad" de los hechos y las conductas, de los que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, que afectan directamente al sector pesquero y, a los objetivos fundacionales de la patronal, entre los que se encuentran promover el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, así como la lucha contra la pesca ilegal.

La patronal pesquera ha argumentado en su escrito de personación, que, de confirmarse los hechos tales como la introducción en el mercado de atún rojo ilegal, en mal estado, el uso de aditivos y colorantes para hacer pasar por atún rojo otros túnidos pertenecientes a otras especies o la falsificación documental, atentan directamente no solo contra los intereses del sector pesquero español, sino también de los propios consumidores.

Igualmente, Cepesca ha precisado que el hecho de que se haya personado el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la causa, constituye un "indicio claro" de la gravedad de estos hechos. La patronal pesquera ha utilizado los servicios jurídicos de Islaw Abogados.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha explicado que con esta personación en la causa, la patronal quiere "salvaguardar, de forma objetiva, los intereses del sector pesquero español en su conjunto". "También mostrar nuestro enérgico rechazo ante conductas presuntamente irregulares y fraudulentas que afectan, además, a la inmensa mayoría de los operadores de este sector que desarrollan su actividad con absoluta honradez y cumpliendo escrupulosamente la ley", ha señalado.

La ''Operación Tarantelo'', que se encuentra en fase de investigación judicial, ha dejado al descubierto una red que presuntamente introducía anualmente en España más de 3,5 millones de kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta (2.500 toneladas al año) e Italia (1.000 toneladas de atún rojo ilegal sólo en el primer semestre de 2018), generando un beneficio ilícito global anual de unos 25 millones de euros.

La operación, según informó la Guardia Civil, se ha desarrollado en 12 provincias españolas y aún sigue abierta, se salda hasta el momento con 79 detenidos, todos españoles, y 49 registros en los que se han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita, medio millón de euros en efectivo, diversos bienes de gran valor y coches de alta gama, así como gran cantidad de documentación que vendría a demostrar el ''blanqueo'' en la comercialización de atunes capturados ilegalmente y sus ganancias ilícitas.