La Comisión de Industria del Parlamento autonómico dio ayer su visto bueno al dictamen del proyecto de Ley de Cámaras de Canarias, en el que está previsto una partida anual para financiar los gastos básicos de funcionamiento de estas corporaciones de derecho público.

La financiación y los criterios para asignarla han sido uno de los aspectos más complicados de solventar en la discusión del proyecto de norma en la Cámara regional. Finalmente, el texto acordado por los grupos contempla que un 85% de los fondos se repartirá en función del número de empresas incluidas en el último censo elaborado por cada una de las Cámaras en su respectiva demarcación y que el 15% restante se distribuirá atendiendo a los servicios camerales que se presten en las islas no capitalinas.

El hecho de que las cuatro cámaras de comercio del Archipiélago tengan diferente ámbito -provincial la de Santa Cruz de Tenerife e insular las de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- explica las dificultades que han surgido hasta encontrar un resultado satisfactorio. En el caso de la institución tinerfeña, también podrá beneficiarse de una parte de la financiación repartida en función de la doble insularidad al contar con delegaciones en La Palma, La Gomera y El Hierro.

Algo similar ha sucedido con los criterios que regirán los acuerdos del Consejo General de Cámaras, el órgano con funciones consultivas y de colaboración con el Gobierno de Canarias y con el resto de instituciones autonómicas y de representación y coordinación de las cámaras canarias que crea la ley.

Finalmente, se ha optado por la ponderación del voto en relación al número de empresas al que representa cada entidad, mientras que el Ejecutivo regional mantiene derecho de veto.

Una vez aprobado el dictamen por la comisión de Industria, el proyecto será sometido a la consideración del Pleno del Parlamento para su aprobación.

No habrá paridad en los plenos camerales

El grupo más crítico con la redacción del proyecto de Ley de Cámaras, Podemos, defendió sin éxito que para el plenario de las entidades se estableciera un voto a cada empresa, y no ponderarlo en función del peso en la economía de cada sector o de cada compañía, informa Efe. Tampoco tuvo éxito la diputada de Podemos Concepción Monzón en su intento de que se procurara que en el pleno cameral haya una representación paritaria entre hombres y mujeres. Esther González, de NC, consideró que el proyecto ha mejorado mucho en el Parlamento respecto al original del Gobierno, aunque mantuvo sus enmiendas porque, a su juicio, no es idóneo.