Las dos principales patronales hoteleras canarias han vuelto a adoptar posturas contrarias en el debate sobre el alquiler vacacional. Ashotel se ha mostrado partidaria de una normativa que ataque la oferta "ilegal" -más del 50% de las viviendas turísticas, asegura - y la FEHT ha censurado que se enfoque la cuestión "desde la óptica de la prohibición".

La modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 deberá esperar al dictamen del Consejo Consultivo, pero la decisión de los grupos parlamentarios de abordar en ella una nueva regulación del alquiler vacacional ha dividido de nuevo a las asociaciones del sector, como ya ocurrió hace un año, cuando el Gobierno presentó el primer borrador del nuevo decreto.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, afirmó ayer que su organización "no está en contra del alquiler vacacional" y que lo considera "un producto turístico más", pero insistió en que la actividad debe estar "ordenada" y ha de competir "en igualdad de condiciones". En este sentido, celebró la aprobación de la reforma. "Cuantas más garantías e informes tenga, mejor", señaló.

En declaraciones a Radio El Día, Marichal definió la situación actual como de "libertinaje". A su juicio, la legislación "no se cumple" y apenas se hacen inspecciones. El presidente de la asociación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife criticó que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) esgrima el derecho de propiedad para defender la actividad. "El mismo derecho de propiedad tienen los propietarios que compran en un edificio residencial para vivir con sus hijos, levantarse todos los días a las siete de la mañana y pagar su hipoteca durante veinte años para que luego en el mismo portal les monten un hotel", argumentó.

Por su parte, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) muestra en un comunicado la revisión de la ley para incluir el alquiler. Según la patronal de la provincia oriental, la norma vulnera directivas europeas y la Constitución Española, "que consagra el principio de libertad de empresa", así como el "espíritu" de las sentencias del Tribunal Supremo contra el decreto de 2015.

La FEHT parece augurar un nuevo varapalo judicial si la ley se aprueba en estos términos. "Se insiste de forma contumaz en una regulación prohibitiva". La limitación a la libre implantación, alega, "debe ser, en todo caso, la excepción a la norma general permisiva".