Los Colegios de Administradores de Fincas (CAF) han presentado a la Consejería de Turismo del Gobierno regional sus alegaciones al proyecto de decreto sobre el alquiler vacacional, entre las que figura la sugerencia de que la normativa permita compaginar el uso turístico y residencial de las viviendas, una posibilidad que veta el borrador de normativa elaborado por el Ejecutivo.

El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas, que reúne a los colegios provinciales, expuso al viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, que combinar ambos usos permitirá "no restar unidades a la oferta de vivienda en alquiler en general". "Todos sabemos que no se alquila el 100% del tiempo, que hay temporadas altas y bajas. Se puede destinar a vivienda de estudiantes o a profesionales por un periodo", explican estos profesionales.

Según los administradores de fincas, "hay un gran porcentaje de propietarios de vivienda cerrada que quieren incorporarla al alquiler vacacional, pero para que sea rentable y pueda mantener la vivienda abierta debe tener otras opciones, y poderla dedicar a corta y larga temporada".

En este sentido, consideran que "no existe motivo de fondo" para excluir de la actividad de viviendas vacacionales las sujetas a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. "La vivienda que cumple con los requisitos de este decreto también es apta y hasta mejor que muchas de las que están en alquiler bajo la ley 29/1994", argumentan los CAF.

Los administradores insisten en la propuesta de incorporar al texto el seguro de crédito y caución, "para garantizar las obligaciones económicas mensuales o extraordinarias ante la comunidad de propietarios, así como la posibilidad de que la comunidad de propietarios pueda establecer una cuota especial a las viviendas vacacionales".

El colectivo pretende, asimismo, que los propietarios puedan disfrutar del derecho de admisión para los casos en que se incumplen las bases del contrato o los estatutos de la comunidad o en los que los turistas causan molestias al resto de vecinos, y así poder solicitar la personación de la policía y la expulsión". Piden también que si el propietario no ejercita ese derecho, la comunidad, "tras determinados avisos de molestias, pueda obligar a cesar la actividad".

En cuanto al régimen sancionador, los CAF lo consideran "del todo desproporcionado, en función del valor de las propias viviendas y de la actividad económica".

Tras la reunión, los administradores de fincas de las islas lamentaron que la regulación no pueda ser aprobada antes de las elecciones, y reiteraron que "cuanto antes haya una correcta regulación, mejor para todos".