Equiparar las condiciones laborales de las 407.677 empleadas del hogar con las del resto de trabajadores es el reto que afronta el próximo gobierno de España, que deberá encontrar antes del año 2021 una solución para el principal problema relacionado con este colectivo: implementar su protección por desempleo.
El fin de la precariedad laboral de las empleadas del hogar, único régimen que no disfruta de una protección por desempleo, es uno de los caballos de batalla de los sindicatos, que denuncian además los agravios contra un colectivo compuesto en un 95% por mujeres y, en su mayoría, inmigrantes. Desde que se creó en 2012, el sistema especial de empleadas del hogar sigue teniendo características propias que lo diferencian del Régimen General, con el que debía haberse equiparado plenamente el 1 de enero de 2019.
No obstante y ante la falta de avances realizados, los presupuestos del Estado de 2018 recogían una enmienda del PP con la que se ampliaba a 2023 el plazo para su equiparación total, si bien el actual Gobierno recortó a 2021 el periodo transitorio.
El sistema especial de empleados del hogar cuenta con un tipo de cotización por contingencias comunes del 28,3% (el 23,6% a cargo del empleador y el 4,7%, del empleado) y con uno por contingencias profesionales del 1,5%, exclusivamente del empleador.
Su equiparación con el régimen general implicaría, además de la obligación de cotizar por desempleo (al 7,05%, de los que el 5,5 % son a cargo del empleador y el 1,55% del empleado), también por el Fogasa (0,2% a cargo del empleador) y por formación profesional (0,7%, de los que el 0,6 % son costeados por el empleador y el 0,1% por el trabajador).