El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Canarias contra el real decreto que regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, en el que se pide que dicho reparto tenga en cuenta el carácter artesanal de la flota de las Islas e incluya criterios medioambientales y socioeconómicos.
El Ejecutivo y el sector pesquero canario llevan tiempo solicitando una cuota basada en criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico. A la hora de establecer el reparto -alega el Gobierno en un comunicado- deben tenerse en cuenta las características del sector pesquero insular, tradicional y artesanal, y que utiliza artes de pesca selectivos con un reducido impacto ambiental.
En su argumentación, el Gobierno había propuesto que se tengan en cuenta como referentes de capturas históricas de atún rojo en Canarias el periodo 1971-1981, en lugar del periodo 1965-1981, dado que está acreditado que la optimización de la recogida de datos estadísticos de túnidos se produjo a partir de 1973.
Otro aspecto que Canarias considera que se debe de tener en cuenta son las características técnicas de la actividad pesquera y otros parámetros del buque que optimizan la actividad del conjunto de la flota, así como criterios sociales y económicos, como las posibilidades de generación de empleo y las condiciones sociolaborales.
Canarias también propone que se asignase a su flota una proporción de cuota que tenga en cuenta las artes de pesca selectivas empleadas, las técnicas de reducido impacto ambiental y su bajo consumo de energía.