La proporción de trabajadores que se jubila antes de los 65 años baja a mínimos históricos

Cada vez menos españoles cuelgan los hábitos laborales y enfilan el camino hacia la vida de jubilado antes de los 65 años. Hasta el punto de que la actual proporción de empleados que se retira antes de soplar esas velas se encuentra en mínimos históricos. Uno de los propósitos de la última reforma de las pensiones, aprobada por el entonces ministro José Luis Escrivá, era aproximar la edad a la que legalmente deberían jubilarse los españoles y la edad a la que realmente lo hacen. Y, a tenor de las estadísticas actualizadas mensualmente por la Seguridad Social, los cambios normativos están dando sus frutos.

En lo que va de año se han jubilado en España un total de 110.479 trabajadores. De estos, el 30,5% tenían menos de 65 años. Este porcentaje va a la baja y si se miran únicamente los datos de abril, los últimos actualizados por la Seguridad Social, dicho porcentaje disminuye hasta el 22,3%. En los últimos 10 años la proporción de trabajadores que se jubila antes de cumplir los 65 años se ha reducido en 10 puntos. 

Legalmente en España la edad de jubilación se encuentra actualmente en los 66 años y medio, si el trabajador tiene menos de 38 años cotizados. Si tiene más tiempo cotizado, la edad se rebaja hasta los 65 años. Esa referencia viene establecida por la reforma de las pensiones que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, y que elevaba progresivamente la edad legal de retiro hasta los 67 años. Tope que se alcanzará, si no hay cambios legislativos de por medio, en 2027.

España transitó hace una década el camino que otros países europeos, como la vecina Francia, están transitando ahora. Emmanuel Macron elevó el año pasado la edad de retiro a los 64 años, dos años y medio por debajo de la española. Los estados europeos se mueven para apuntalar la sostenibilidad de sus sistemas públicos de pensiones ante el reto demográfico que representa la jubilación de los ‘baby boomers’. Y es que esa generación enfila ya la recta final de su carrera profesional –si no se ha jubilado ya- y las precedentes son menos numerosas y llegan, de media, con peores sueldos con los que sostener las pensiones de sus padres.

Bajo esa lógica, el Gobierno aprobó durante la legislatura pasada una serie de penalizaciones para anticipar la jubilación e incentivos para alargar la trayectoria laboral. Por un lado, los trabajadores que decidan voluntariamente anticipar su retiro tienen una mayor penalización en el importe de su pensión cuanto más anticipadamente quieran retirarse. Por el otro, el Estado aumenta en mayor medida que antes el importe de la pensión a aquellos trabajadores que, pudiendo jubilarse, deciden trabajar –y cotizar- unos años más. Estos también tienen la opción de cobrar la pensión ‘normal’ una vez se retiran, pero con un extra vía pago único de hasta 20.000 euros.

Los efectos de ese sistema de ‘palo-zanahoria’ ya se notan en las estadísticas, que evidencian que la proporción de trabajadores que se jubilan antes de los 65 años se ha desplomado especialmente desde 2022, cuando entraron en vigor esos cambios. No son los únicos que ambiciona, en este sentido, el actual Gobierno de coalición.

La actual responsable de la Seguridad Social, la ministra Elma Saiz, está negociando con patronal y sindicatos una nueva batería de modificaciones legislativas, entre las que se encuentran facilidades para poder compaginar pensión y salario a través de la jubilación activa. Algo que, no obstante, presumiblemente no condicionará las estadísticas de retiro, ya que para ejercer la jubilación activa primero es menester jubilarse.

La ministra también negocia en el diálogo social cambios para la jubilación en aquellas profesiones más desgastantes y que mayor gasto implican, a nivel de cobertura médica y prestaciones, a la Seguridad Social. Su planteamiento es cerrar una serie de criterios objetivos mediante los cuales ciertos colectivos puedan adelantar su edad de jubilación sin perjuicio de su futura pensión. No obstante, el impacto de dichas modificaciones, pendientes de concretar, todavía no está claro, así como tampoco como su potencial efecto en esa tendencia a la baja de la proporción de españoles que se jubilan antes de los 65 años.  

Este próximo lunes, 10 de junio, está prevista una nueva reunión de diálogo social en la que el Gobierno aspira a avanzar en el acuerdo con los agentes sociales. Las conversaciones sobre el actual paquete de medidas se alargan desde hace seis meses.

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