El acero verde "no es viable" sin apoyo público, denuncia la patronal siderúrgica

La patronal siderúrgica española (Unesid) expresó ayer que la apuesta del sector por el acero verde precisa un mayor apoyo de las administraciones públicas porque en las condiciones actuales no es viable. "Es técnicamente posible, pero económicamente inviable", señaló Bernardo Velázquez, presidente de Unesid, que reclamó más ayudas para la descarbonización y también más celeridad en los plazos.

El Ministerio de Industria hará en septiembre la convocatoria de la línea 4 de ayudas del PERTE (Plan Estratégico de Recuperación y Transformación) para la descarbonización fabril por un importe de 140 millones (90 millones en subvenciones y 50 millones en préstamos), según adelantó su titular, Jordi Hereu, en la clausura de la asamblea de Unesid. Con posterioridad, se lanzará otra convocatoria adicional por 110 millones hasta completar un total de 250 millones, de los que 150 millones lo serán como subvenciones y 100 millones como préstamos.

El Ministerio aprobó recientemente, con carácter provisional, 96 millones de la línea 1 del PERTE para 19 proyectos y el año pasado otorgó 450 millones de la línea 2 al plan de descarbonización de ArcelorMittal para sustituir un horno alto por un horno de reducción directa de mineral de hierro por hidrógeno verde (DRI). Esta última ayuda está pendiente de su aceptación definitiva por la empresa, que ha paralizado todos sus proyectos de DRI en Europa por el diferencial de costes de la energía y del hidrógeno verde en el continente respecto a otras áreas geográficas. La ayuda anunciada ayer por Hereu se destinará al apoyo de nuevas instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas. Queda aún pendiente la tercera línea del PERTE.

El ministro reiteró la voluntad de incrementar las compensaciones a la industria susceptible de deslocalización por los costes indirectos de las emisiones de CO2 hasta los 300 millones este año. Esta cifra es inferior a la que autoriza la UE y reclama la industria (podrían alcanzar los 850 millones), aunque supone un refuerzo respecto a ejercicios precedentes. En 2023 fueron 229 millones.

Velázquez reclamó que las ayudas alcancen el máximo permitido (25% de los ingresos del Estado por las subastas de derechos de emisión) para compensar los "elevados costes energéticos", que en España son, en el caso de la industria, casi el doble que los que soportan los competidores de otros países, caso de Francia y Alemania, por las compensaciones y tarifas especiales de las que disponen. Hereu cuantificó en 1.470 millones el total de las ayudas otorgadas por el Gobierno en los cinco últimos años a las industrias electro y gasintensivas y no desveló si se prorrogará la rebaja extraordinaria del 80% de los peajes eléctricos a las fábricas electrointensivas, cuya exención vence este mes.

Unesid alertó de las dificultades para que rinda todos sus efectos el mecanismo de ajuste en frontera del carbono que ha comenzado a aplicar de modo transitorio la UE para proteger a la industria europea de competidores extracomunitarios que no asumen costes por las emisiones de CO2. La UE trata de hacerlo compatible con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que incumplen EE UU y China. Y la OMC "no está siendo capaz de intermediar eficientemente en las tensiones", dijo Velázquez.

Unesid, que ha nombrado a Carola Hermoso como nueva directora general para sustituir en enero a Andrés Barceló –que se jubila–, urgió la aprobación de la orden ministerial que permitirá aumentar la masa máxima de los camiones hasta las 44 toneladas.