Stuart cierra sin acuerdo su ERE y los 400 despedidos irán a la Audiencia Nacional

La dirección de la empresa de reparto Stuart y sus trabajadores han cerrado sin acuerdo el expediente de regulación de empleo (ERE) con el que la compañía despedirá a más de 400 empleados. Las partes no han consensuado unas indemnizaciones que resolvieran el cierre y fin de las operaciones pretendido por la cúpula de Stuart. En consecuencia, sus repartidores y personal de oficina demandarán ante los tribunales la nulidad del expediente.

Según coinciden distintas fuentes conocedoras de las negociaciones consultadas por este medio, la última propuesta de Stuart quedó muy lejos de las pretensiones sindicales y, ante la falta de entente, la Audiencia Nacional deberá determinar si el expediente de regulación se ajustó o no a la legalidad y si los empleados de Stuart en España fueron cesados legalmente o la compañía deberá readmitirlos y abonarles los salarios pendientes, aunque no vaya a repartir más. Stuart, a preguntas de este medio, ha declinado realizar declaraciones al respecto.

Una de los argumentos que esgrime la CGT, según apuntan fuentes consultadas, para impugnar el ERE es que consideran que Mutares, el fondo de inversión propiedad de Stuart, les ha escondido información financiera. Esta sociedad compró por 1 euro esta plataforma de reparto al estado francés, que ostentaba la propiedad hasta finales del año pasado a través de Geopost, el Correos francés. Además, para costearle la reestructuración, el estado francés habilitó a Mutares un presupuesto de 82 millones de euros de fondos públicos.

Fin del periodo de consultas

Este pasado lunes finalizaron los 30 días de periodo de consultas que marca la ley y los directivos de Stuart decidieron terminar las negociaciones. A partir de entonces alrededor de 400 empleados han sido cesados. Algunos directamente, en tanto que estaban en nómina de la empresa, otros de manera indirecta, ya que ejercían como repartidores autónomos, si bien la Inspección de Trabajo ha sancionado a Stuart -y los tribunales han avalado dicha reprimenda- por emplearlos como falsos autónomos.

Los cesados, en tanto que el expediente ha finalizado sin acuerdo, se llevarán una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. Una cuantía especialmente reducida en empresas con empleados con poca antigüedad. Según explican fuentes consultadas tanto del sindicato CGT, como del bufete de abogados Col·lectiu Ronda (que ha asesorado a parte de la plantilla), la mayoría de trabajadores se llevarán el equivalente a cuatro o cinco meses de sueldo. Lo que en el caso de los repartidores se traduce en unos 5.000 euros, dado que la mayoría cobraba muy cerca del salario mínimo.

Las posiciones durante toda la negociación, según coinciden distintas fuentes conocedoras de ambos bandos, estuvieron muy lejanas. Según explica uno de los negociadores de los trabajadores, el abogado Quim Español de Ronda, la empresa se plantó en una indemnización equivalente a 40 días por año trabajado, más un complemento lineal.

Cantidades que una mayoría de trabajadores, en asamblea, acabaron rechazando por la insuficiencia de las cantidades. Y es que en las negociaciones con empresas de la denominada 'gig economy', las antigüedades son tan cortas, en comparación con la empresa tradicional, que el sistema indemnizatorio clásico acaba dejándoles pocas cantidades a los afectados.

Demanda ante la Audiencia Nacional

El final sin acuerdo de las negociaciones empuja a los trabajadores a reclamar la nulidad del expediente. La mayoría de despidos colectivos suelen acabar con acuerdo, lo que permite aumentar las indemnizaciones mínimas contempladas por ley a cambio de suprimir el riesgo de impugnación del expediente, que abre la siempre incierta vía jurídica.

Ahora serán los magistrados de la Audiencia Nacional quienes decidan si el cese está bien aplicado o si no. Esta segunda posibilidad obligaría a Stuart a readmitir a los cesados y a pagarles los salarios de tramitación, es decir, el importe de las nóminas que deberían haber cobrado desde el momento en el que se materializó su cese y la publicación de la sentencia. Un incremento considerable de coste que desde Ronda cuantifican en un pago de entre ocho y nueve millones de euros.

Dos de los argumentos jurídicos que utilizará la representación de los trabajadores será que la empresa ha renunciado a incorporar como asalariados a los repartidores que hasta ahora operaban como autónomos y que la Inspección de Trabajo había considerado falsos autónomos. También sostienen que Stuart no ha negociado de buena fe, en el sentido de que no les ha provisto de la información financiera de todo el grupo económico a través del que la compañía se estructura internacionalmente. Así como tampoco dio el preaviso obligatorio de seis meses que toda empresa debe realizar ante de un cierre de operaciones.

Además de la demanda colectiva, desde Ronda explican que están ultimando una batería de denuncias individuales complementarias a la primera y que ascenderían a entre 280 y 300.

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