Óscar Izquierdo: «Las empresas canarias de la construcción son potentes y ejemplares»

El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción, Oscar Izquierdo, ha querido poner en valor la capacidad y “valentía” del empresariado canario asegurando que “no es fácil aventurarse en la creación de una empresa local, cuya actividad se desarrolla en nuestra tierra”. “En primer lugar”, asegura “porque es una apuesta personal, y en la mayoría de los casos familiar, para emprender una actividad económica, que va a tener una incidencia global, en su vivencia individual, íntima o subjetiva”. “Son la base sustentadora del sistema productivo de nuestro territorio”, comenta.

Sin embargo, Óscar Izquierdo recuerda que el apoyo, al tejido empresarial privado canario de la construcción no es lo diligente que merece y que muchas veces se encuentran con la “obstrucción total, deliberada y torpe de una burocracia que se convierte en un muro infranqueable, que imposibilita aflorar toda la potencialidad que genera el empresariado”, sentencia. El presidente de la patronal lamenta que la Administración Pública, en lugar de “ejercer como Servicio Público, se convierta en hostil adversario, oponentes a iniciativas inversoras, innovadoras, enriquecedoras y empleadoras; con esperas de tres y cuatro años para cualquier licencia”. Asegura que todo esto provoca “inseguridad jurídica galopante, a lo que se añade el insaciable incremento de impuestos. Además, es una administración obsoleta con procedimientos de resolución del siglo XIX, que no permite tampoco la coordinación efectiva o la colaboración”. Óscar Izquierdo lamenta que, debido a todo ello, en este momento “se encuentran millones de euros que generan riqueza social parados encima de la mesa o dentro de los ordenadores de los funcionarios”.

El presidente de la patronal asegura también que la “cobardía de las administraciones públicas, regional, isleñas o locales, están permitiendo la invasión de lo que llamamos “empresas paracaidistas peninsulares”, que están viniendo a nuestra tierra, presentando unas bajas temerarias insostenibles, hundiendo los precios del mercado y dejando sin respiración a las empresas locales, incluso, poniendo en peligro su propia supervivencia”. Según Óscar Izquierdo, las administraciones no adjudican las obras a las empresas canarias o las que llevan toda la vida trabajando en nuestras islas y, sin embargo, al final, la ejecución siempre es suya como subcontratistas, “lo que demuestra, que aquí existe la capacidad profesional, tanto humana como material, para emprender cualquier obra, lo que no hay es una función pública enérgica, exigente y con ganas de apostar por lo nuestro, propiciando que los beneficios salgan rápidamente de las Islas”.

Insiste Óscar Izquierdo en que “Las empresas locales del sector de la construcción en Canarias están comprometidas con la sostenibilidad. Están preparadas y capacitadas para aportar un desarrollo sostenible real y están haciendo grandes esfuerzos para que los diferentes procesos de construcción tengan el menor impacto medioambiental posible”

“Canarias ha de construir edificios eficientes y renovables. Reducir el impacto de la construcción sobre el entorno es una garantía de seguridad, pues mejora las condiciones ambientales urbanas en general y de las edificaciones en particular”, explica y “avanzar en la descarbonización del parque edificatorio con eficiencia energética, enfocada en no gastar energía sin perder confort, es uno de nuestros objetivos”.

“Por otra parte”, continúa, “nos preocupa que se sustraiga de la competencia y de la licitación pública, que goza de los principios de publicidad y concurrencia, la ejecución de los contratos administrativos que son de plena competencia de la iniciativa privada. Además, ni siquiera se justifica en una supuesta urgencia, ya que, la Ley de Contratos del Sector Público tiene previsto plazos y procedimientos específicos para ejecutar las obras de forma urgente. En segundo lugar, nos preocupa que esta práctica, ha vuelto a extenderse por diversas administraciones canarias, con el lógico malestar de las empresas locales del sector de la construcción, por la competencia desleal que les supone”.

“Como organización empresarial que defiende los intereses de las empresas del sector de la construcción, vamos a estar vigilantes para recurrir, cualquier encargo a medio propio, que vulnere la legalidad o se haga en perjuicio de las empresas contratistas locales”, afirma, añadiendo que “Hay resoluciones de los Tribunales de Recursos Contractuales en las que, como no puede ser de otra forma, se han estimado las pretensiones de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC, a la cual pertenece nuestra Patronal, declarando la nulidad de los encargos a medios propios hechos por diferentes administraciones en diversas Autonomías”.

Por último, recuerda que la función principal de las empresas públicas es “suplir, en mayor o menor medida, exigencias de interés público, para garantizar servicios de necesidad básica. Su propia naturaleza, les permite comenzar actividades con escasas rentabilidades o por otro lado, con altas barreras de inversión, persiguiendo el bien común”, sin embargo, continúa “Aquí las empresas públicas, pululan a sus anchas, cómodamente, con plena libertad, acaparando la mayoría de las obras o servicios públicos, superando, con creces, las competencias que tienen específicamente establecidas en sus objetivos sociales”. Óscar Izquierdo se refiere concretamente a empresas como GESPLAN, TRAGSA, TRAGSATEC y GESTUR. “La situación está llegando a ser escandalosa, especialmente en La Palma, La Gomera y Tenerife. Llegan los fondos europeos o estatales y los propios canarios no entran en el circuito del mercado libre y de la iniciativa privada, sino que se los queda avariciosamente la propia Administración, que se lo guisa y se lo come todo, engordando, con una bulimia enfermiza, mientras las empresas locales canarias, frente a esta competencia desleal, pasamos hambre y mortandad”.

Óscar Izquierdo asegura que esta manera de actuar “claramente, se vulnera la competencia empresarial, estorbando la actividad ordinaria de la iniciativa privada en el sector de la construcción, debilitando y haciendo peligrar la propia supervivencia de las empresas, por la competencia desleal que sufrimos, por quienes precisamente, deberían ser los máximos valedores para nuestro fortalecimiento”.