La Guardia Revolucionaria iraní arrestó al exdirector del banco público Mellat, acusado de cometer "fraude masivo" en complicidad con sus subordinados, en lo que constituye la detención de mayor rango en el marco de la campaña anticorrupción que arrancó a principios de este mes, informan hoy medios locales.
Alí Rastegar Sorje, quien fuera destituido a principios de este mes al frente del Mellat, fue detenido junto con su gerente de relaciones internacionales en el banco por orden judicial, acusados de haber cometido "amplias actividades de desfalco bancario".
La detención de Rastegar es la primera consecuencia judicial de una campaña anticorrupción lanzada por el Gobierno del moderado Hasán Rohaní por el caso de los "salarios astronómicos".
Este caso, saltó a la luz cuando la prensa comenzó a publicar los sueldos desorbitados y las prebendas fiscales, muchas de ellas ilegales, que disfrutaban altos jerarcas de la banca y otras instituciones financieras públicas.
A finales de junio, la prensa iraní comenzó a filtrar documentos de una investigación parlamentaria sobre los "poco convencionales altos salarios" que cobraban hasta 950 funcionarios de la banca y los seguros y otras prebendas irregulares, lo que desató la indignación pública y obligó a intervenir incluso al líder supremo, Alí Jameneí.
Estas personas cobraban sueldos de hasta 200.000 dólares mensuales, recibían grandes bonos y algunos eran beneficiarios de grandes préstamos sin interés, además de usar algunos mecanismos para evitar el pago de impuestos.
"El asunto de los salarios astronómicos es de hecho un ataque a nuestros valores (...). Este asunto no debe retrasarse, debe seguirse muy seriamente y la gente debe estar informada de los resultados", dijo Jameneí el pasado 22 de junio.
Poco después, el ministro de Economía, Alí Tayebnia, destituyó a los directores de los bancos públicos Mellat, Saderat, Refah y Mehr, así como de otras instituciones financieras y del sector de los seguros.
Tayebnia, en una maniobra poco habitual en la política iraní, se disculpó públicamente ante la "gran nación iraní" por este escándalo y afirmó que "las acciones legales están en marcha para detener el saqueo de la riqueza pública".
Con el objetivo de detener el daño a la imagen de su Gobierno por este caso, el presidente Rohaní ordenó una investigación y la publicación de los salarios y bonos obtenidos durante el último año por todos los altos funcionarios de ministerios, organizaciones, bancos y compañías de titularidad pública.
Además, el Ministerio de Economía envió una orden para prohibir cualquier crédito o otorgar facilidades especiales a los directores y personal de alto rango de oficinas públicas, además de la compra de coches, contratar nuevos empleados, la compraventa de inmuebles y la paga de bonos extraordinarios por desempeño laboral.