Reporteros sin Fronteras (RSF) ha pedido al Gobierno español que evite "a toda costa" la extradición del periodista turco sueco Hamza Yalçin, que permanece en prisión provisional desde el pasado 3 de agosto, y del escritor turco alemán Dogan Akhanli, que se encuentra en libertad provisional en Madrid.

Yalçin, de 59 años, fue detenido por la Policía española el pasado 3 de agosto, en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, en cumplimiento de una orden de Interpol cursada por la Justicia turca en 2016, y posteriormente fue encarcelado en la prisión de Can Brians 1 por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Está acusado de insultar al presidente turco y de tener "vínculos terroristas" con el grupo ilegal de extrema izquierda Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C).

Desde el momento de su detención, RSF solicitó la puesta en libertad de Hamza Yalçin y su repatriación a Suecia, por considerarle ciudadano europeo, porque los delitos de opinión que le imputa la Justicia turca no existen en España y porque entregarle a Turquía sería poner en peligro su integridad.

"En todos los convenios internacionales sobre extradición, la posibilidad de que el detenido pueda sufrir torturas, pena de muerte o un juicio injusto en su país descartan su aplicación", explica en una nota la presidenta en funciones de RSF España, Macu de la Cruz.

Las falsas acusaciones de terrorismo son, junto a los insultos al presidente y los delitos de opinión, la principal arma que utiliza el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan para encarcelar a profesionales de los medios de comunicación, subraya RSF.

El escritor turco alemán Dogan Akhanli fue detenido en España el 19 de agosto en Granada en cumplimiento de una orden de arresto internacional de la Interpol a petición de las autoridades turcas por acusaciones de terrorismo.

Akhanli está en el punto de mira del régimen de Erdogan por defender la memoria y los derechos de los armenios en Turquía.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó la libertad provisional para Akhanli, con la retirada de pasaporte y la obligación de fijar temporalmente su residencia en Madrid, además de presentarse a firmar semanalmente en el juzgado.

Los dos intelectuales deben esperar a que transcurra el plazo de cuarenta días desde el momento de la detención de cada uno, que tiene Turquía para presentar (o no) formalmente la demanda de extradición.

RSF España considera "poco probable" que una eventual demanda de la Justicia turca pueda prosperar ante la Audiencia Nacional, porque varios de los delitos imputados por Ankara son incompatibles con las legislaciones española, sueca y alemana, y porque sostener con rigor los crímenes que se adjudican a ambos requeriría pruebas y no meras acusaciones.

Además, señala RSF, los convenios de extradición europeos prohíben la entrega a manos del país demandante, en caso de que peligre la integridad del detenido o no le aguarde un juicio justo.