Palestina ha denunciado a Israel ante la Convención de la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial (CERD) por lo que considera "discriminación y racismo" hacia su pueblo bajo la ocupación.

"En su capacidad como Estado miembro de la Convención (CERD), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados, en nombre el Estado de Palestina, ha presentado una queja interestatal contra Israel, la potencia ocupante, que también es un Estado miembro de la convención", se indica en un documento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) al que tuvo acceso Efe.

En la nota se asegura que se ha dado el paso con el fin de "proteger a los ciudadanos de discriminación y otras prácticas y políticas que violan las obligaciones de CERD", algo "urgente" por las "flagrantes y sistemáticas violaciones por parte de Israel" en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este.

También denuncia las políticas implementadas en los territorios desde el comienzo de la ocupación (en 1967) que considera "recientemente ha escalado a niveles sin precedentes" y que tienen un impacto negativo en las vidas y derechos básicos de los palestinos.

Acusa a Israel de "imponer políticas racistas y discriminatorias contra los ciudadanos palestinos" y de ejercer la violencia con el fin de crear y mantener una mayoría demográfica judía.

Así, denuncia la violación del derecho a un trato igual ante los tribunales, por el uso de una justicia civil y una militar, ya que en un mismo territorio los colonos israelíes son sometidos a un sistema legal y los palestinos a otro, lo que resulta en sentencias y penas diferentes y "mucho más altas para los palestinos", restricciones a los encuentros con los abogados y acceso inadecuado a los documentos judiciales.

También denuncia diferencias en cuanto a las detenciones de menores y la aplicación de la denominada "detención administrativa", que permite encarcelar sin cargos durante seis meses renovables y se usa prácticamente en exclusiva con los palestinos.

Incluye en las prácticas discriminatorias la violación de la libertad de movimiento, y de entrar y salir de los territorios ocupados, así como la dificultad de ejercer el derecho a casarse libremente, por la inexistencia del matrimonio civil.

También protesta contra las dificultades para acceder a lugares de culto, la confiscación de tierras, discriminación en políticas de legislación urbanística, demoliciones de hogares y limitado acceso a agua y otros recursos naturales.

Los palestinos califican la suma de estas medidas como "actos inhumanos de apartheid con el propósito de establecer y mantener la dominación de Israel de los palestinos y oprimirlos sistemáticamente".

Consultado por Efe, un portavoz del Ministerio de Exteriores señaló que "por el momento no tenemos ninguna reacción, estamos estudiando el documento".