La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha solicitado al Gobierno de Venezuela que ponga en libertad a 59 colombianos que permanecen detenidos en el país desde hace dos años y ha denunciado que las condiciones en las cárceles venezolanas son "monstruosas".

"Estamos profundamente preocupados por la detención continuada de 59 ciudadanos colombianos que han estado recluidos sin cargos en Venezuela durante más de dos años", ha indicado Ravina Shamdasani, portavoz de Michelle Bachelet durante una rueda de prensa.

Shamdasani ha explicado que los colombianos fueron detenidos en operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad a finales de agosto y principios de septiembre de 2016, y ha afirmado que se encuentran detenidos en una celda en el centro de detención de La Yerguara, en Caracas.

Según los informes que ha recibido la oficina, las condiciones allí son extremas y no hay acceso suficiente a alimentos, agua y medicamentos.

"Se cree que muchos de los 59 hombres están enfermos. Un prisionero, William Estremor, quien, según se informó, estuvo gravemente enfermo durante varios días, fue llevado a la sala de urgencias de un hospital el lunes, según su abogado. Luego se informó que fue trasladado a una pequeña enfermería en los locales de los servicios de inteligencia nacionales en Caracas. No tenemos información actualizada sobre su condición", ha manfiestado la portavoz.

La ONU ha instado a su vez a las autoridades venezolanas a garantizar que Estremor reciba la atención médica necesaria y que, en todo el sistema penitenciario, se garantice a los reclusos el acceso a medicamentos y tratamientos adecuados.

Los colombianos fueron arrestados como resultado de varias redadas conocidas como Operaciones para la Liberación de la Gente, que, según el Gobierno, estaban diseñadas para disolver pandillas criminales y llevarlas ante la Justicia.

Los detenidos fueron acusados de ser paramilitares, pero hasta la fecha no se han presentado pruebas ni cargos contra ellos y, en noviembre de 2017, un juez venezolano dictaminó que debían ser liberados incondicionalmente.

"Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que cumplan con esta decisión y los liberen", ha insistido Shamdasani, que ha añadido que los detenidos eran migrantes legales e irregulares y trabajaban en construcción y la economía informal.

"Es muy común que en los centros de detención venezolanos los reclusos sufran de tuberculosis, hepatitis, diarrea, y otras enfermedades", ha continuado antes de explicar que las cárceles están abarrotadas, llenas de ratas y de insectos y los prisioneros muchas veces no tienen acceso a luz natural, comida o agua potable.