La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha optado por formular "denuncia contra Mariano González Becerra", antiguo ingeniero jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público de la Dirección General de Costas y copropietario del polémico solar en el que la promotora Deo Volente Sur S.L. está construyendo un edificio justo encima de la playa El Moro, en Tabaiba.

La decisión de la Fiscalía surge a consecuencia de la actuación de los vecinos de la Plataforma en Defensa del Litoral de El Rosario, que puso en conocimiento de la justicia "la posible ilegalidad de los permisos de construcción sobre la costa de Tabaiba, concedidos a Deo Volente Sur S.L.".

Así, la fiscal jefe de la Audiencia, Carmen Almendral Parra, remitió un escrito a los denunciantes en el que les anuncia la incoación de diligencias en el caso, al cual da traslado al Juzgado Decano de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife, "a fin de que, por el Juzgado que por turno de reparto corresponda, se lleve a cabo la práctica de las diligencias que en la misma se interesan".

"No lo sabía".- El paso dado por la Fiscalía, que ve indicios de ilegalidad en toda la trama que ha posibilitado la construcción de este edificio a escasos metros del agua, era totalmente desconocido para el denunciado, Mariano González Becerra, que se enteró por este periódico.

Puesto al corriente, el hoy socio de la empresa propietaria del terreno aseguró encontrarse "con la conciencia absolutamen- te tranquila porque, las manos, más limpias no las puedo tener".

Preguntado sobre la decisión de la Fiscalía, Becerra indicó que "no me importa" todo lo dicho anteriormente, "me llamarán a declarar y punto. Sólo me preocupa el tiempo que me hagan perder".

Por lo demás, la sorpresa del antiguo ingeniero jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público de la Dirección General de Costas estaba fundamentada en que "pensé que no les habían hecho caso y que lo habían dejado pasar. Pero igualmente estoy tranquilo".

Historia del conflicto.- Desde que a mediados del año pasado surgiera el conflicto entre vecinos y promotora, muchos han sido los pasos que desde una y otra parte se han dado para detener unos, y proseguir otros, el curso de las obras.

El primer asalto lo ganaron los vecinos, que vieron cumplido su deseo de que los trabajos, que requerían el cierre temporal de la playa situada justo debajo, se aplazaran hasta después del verano. Cosa que consiguieron, entre otras formas, con diversas manifestaciones y concentraciones en la playa El Moro.

No obstante, y como aseguró Becerra en una entrevista a este periódico, la única concedida por el implicado, la legalidad de todos los permisos solicitados por la promotora permitió que los vecinos fueran desalojados de la playa para que comenzara la obra.

Entre medias, la plataforma vecinal llegó a reunirse incluso con Costas en Madrid y en Canarias, además de denunciar el caso en la Fiscalía, que ha sido el único órgano que se ha parado a estudiar lo sucedido.