La ex ministra y ahora secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, aprovechó ayer su visita a la Isla con motivo de la reunión bilateral con el Gobierno regional para acercarse al casco lagunero y conocer algunos de sus edificios y zonas más emblemáticas. En su breve comparecencia ante los medios, Corredor confirmó que el Estado garantizará la aportación, en los próximos 9 años, del 50% de los 87,5 millones de euros necesarios para la reposición de los 29 bloques de la urbanización Las Chumberas afectados por aluminosis, de los que 4,8 se incluyen en el presupuesto estatal de 2011.

La secretaria recalcó que el convenio que se requiere se firmará probablemente a principios del próximo año e insistió en que tanto el Gobierno regional como el Cabildo y el ayuntamiento aportarán el otro 50%. En este sentido, la consejera regional de Bienestar Social, Inés Rojas, garantizó 3,4 millones de la Comunidad para 2011 y aclaró que serán "nominales cuando se firme ese convenio".

Corredor visitó las dependencias de Muvisa en la plaza de la Junta Suprema, donde la directora del Plan Especial del Casco le explicó brevemente las características urbanas de la ciudad. También le mostró el plano de Torriani que se sitúa en la zona. La comitiva, integrada también por los ediles Antonio Pérez Godiño, Julia Dorta, Cruci Díaz y Jonhatan Domínguez (todos de CC), así como Gustavo Matos y Silvia Maestre (PSC), pasó luego por delante del teatro Leal y bajó hasta el consistorio.

Matos criticó luego que la ausencia del alcalde en la reunión bilateral impidiera y retrase la firma de dos convenios para crear 230 casas en San Matías y Tejina.

Por otro lado, el consejo del Gobierno autonómico autorizó ayer la permuta de parcelas que permitirá la reposición de las 56 viviendas de Francisco Javier Centurión, dadas sus afecciones estructurales. Este acuerdo refrenda el estipulado en la comisión bilateral Canarias Estado de diciembre de 2007, que posibilitó en ese momento la firma de un convenio interadministrativo para financiar estas obras.

En virtud de ese acuerdo, el consistorio solicitó una permuta de parcelas con el Gobierno de Canarias para edificar las nuevas viviendas, que ahora queda desbloqueada. Las casas presentan un gran deterioro e incumplen las dimensiones mínimas, por lo que se optó por la demolición.