Socialistas del llamado sector crítico creen totalmente contradictorio e inverosímil que el presidente de la gestora del PSC, José Miguel Rodríguez Fraga, lleve semanas diciendo que cualquier pacto alternativo en La Laguna depende de lo que plantee la agrupación local, ahora en manos de una gestora presidida por la edil Mónica Martín. Esto resulta totalmente contrario a lo que el entonces secretario de Organización del PSC, Julio Cruz, esgrimió en una carta el 11 de diciembre de 2015 enviada a los 5 ediles en Aguere y a distintos cargos locales.

En esa misiva, Cruz se mostraba comprensivo con lo que vivía el partido tras la retirada de competencias al primer teniente de alcalde, Javier Abreu. Sin embargo, y ante la posibilidad de que los ediles se solidarizaran y propiciaran una censura con la izquierda u otras fórmulas, recalcaba que cualquier pacto alternativo al que aún mantienen con CC dependía de la Ejecutiva regional y Federal y no de la agrupación local.

Cruz decía seguir instrucciones de la Federal, del entonces secretario regional, José Miguel Pérez, y de la dirección insular de Tenerife. Dejaba claro que "cualquier decisión en relación con los pactos es competencia de la Federal y de esta dirección regional", recordando que todo militante debe "seguir lo acordado por los órganos competentes en relación a los acuerdos, así como la renuncia a participar en los mismos" y a la hora de firmarlos o denunciarlos.

Recalcando que el PSC era consciente de la "difícil situación que vive el grupo", Cruz advertía que había que atender a la convocatoria de la mesa del pacto con CC y que harían todo lo posible para arreglar la coyuntura. Sin embargo, el cese de competencias siguió, Abreu y Yeray Rodríguez no lo aceptaron y perdieron su rol en el gobierno, abriéndoseles expediente, y los otros ediles (Martín, María José Castañeda y Zebenzuí González) siguen en el gobierno.

Críticos como Gustavo Matos expusieron esta contradicción en la reunión del lunes con el portavoz de la gestora federal, Mario Jiménez, que no les respondió pero que hizo suyos los argumentos de Fraga. Para los críticos, es un sinsentido, claramente con el fin de abortar una censura, que se dijera que todo pacto no se hará de arriba abajo en Aguere, cuando siempre se ha sostenido que, al tratarse de una ciudad de más de 50.000 habitantes, las competencias son de Ferraz y el PSOE regional.

Fraga dijo ayer que, tanto en la región como en La Laguna, abogan por una censura "si es para mejorar, no para crear una situación todavía más complicada ni para estar por estar ni, mucho menos, para establecer venganzas".

El sector crítico, ante un juicio difícil

El viernes (10:00 horas, Palacio de Justicia de la plaza del Adelantado) tendrá lugar la vista oral por la destitución de la Ejecutiva del Partido Socialista (PSOE) en La Laguna y el posterior nombramiento de una gestora. Se trata de un procedimiento nacido de la denuncia de miembros del sector crítico (Silvia Maestre, Yeray Rodríguez, Alberto Javier Báez, María Clara Palazón y José Manuel Pérez) contra la formación, y en él declararán como testigos -a petición de la Fiscalía- la líder en el municipio, Mónica Martín; el presidente de la Gestora insular, Héctor Gómez, y Julio Cruz, miembro de la Gestora regional. También testificará Javier Abreu, pero a solicitud de los demandantes.

En principio, quienes cursaron la denuncia se encuentran ahora ante un juicio en el que no las tienen todas consigo. Las dificultades con las que cuentan se reflejan en un auto fechado el pasado 7 de septiembre, en el que el juez que instruye la causa deniega la medida cautelar que pidieron -paralizar el hoy máximo órgano de gestión de la organización en La Laguna-, y expresa que la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas adoptó su decisión "con criterio y fundamentación suficiente" y que aquella estaba "dentro de las funciones" que tenía encomendadas.

"(...) La parte actora incurrió, en su caso, en su propia indefensión", sigue el escrito, en el que se recoge que podían haber acudido a la Comisión Federal de Ética y Garantías, así como que "no puede desecharse por completo" que no defenderse fuese un ardid para más tarde buscar las acciones cautelares. Del mismo modo se rechaza una vulneración del derecho de participación política y se indica que no se incumple, a priori, lo previsto en el artículo 68 de la Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento General de este partido.

Es por todo lo anterior que el magistrado concluye que en el caso no se daba la "apariencia de buen derecho" perseguida por los denunciantes -previsión de que el proceso les sea favorable-, por lo que no se concedieron las citadas medidas cautelares.

Martín no siente una mayor responsabilidad

Que el presidente de la Gestora regional del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga, dejara el lunes en manos de la Local la decisión de una moción de censura en La Laguna no supone una mayor responsabilidad para la jefa de filas en el municipio, Mónica Martín. "Mi responsabilidad es la que asumí cuando prometí el acta de concejal, y después entré en el grupo de gobierno y tengo un montón de áreas que gestionar a diario", respondió ayer al ser preguntada a ese respecto. "La Gestora regional está escuchando a todos los municipios, no solo a La Laguna, y, evidentemente, todo lo que hagamos lo haremos coordinados", sostuvo, e insistió en que la organización se encuentra en un "análisis interno". Al tiempo que discrepó de que se recurra a campañas en las redes y de la escenificación en los arcos del ayuntamiento, afirmó que al partido no le van a "marcar los tiempos".

Fernando Clavijo, contra una censura por "rencor"

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, mostró este martes su rechazo a la censura que se intenta promover, y la situó en el terreno del "rencor". "A lo mejor deberían canalizar toda esa energía en hacer propuestas positivas para la ciudad, no en quítate tú pa'' ponerme yo", dijo en dirección a los impulsores.