El juicio por la destitución de la Ejecutiva lagunera del PSOE y el nombramiento de una gestora quedó ayer visto para sentencia. Celebrada tras la denuncia de cinco militantes del sector del exlíder Javier Abreu que entienden que se incumplieron sus derechos de asociación, participación política y defensa como afiliados, la vista oral culminó con la petición del Ministerio Público de que la demanda sea desestimada, al no compartir el fiscal los planteamientos esgrimidos.

Ya desde septiembre, en el auto en el que el juez rechazaba las medidas cautelares, se vislumbraban las dificultades con las que los críticos llegaban a una sesión que fue en cierta medida un recorrido por las rencillas de la formación de la rosa y una representación más explícita si cabe de que la fractura es total; desde la escena, como en cualquier otro juicio, de las dos partes sin apenas mirarse mientras esperaban por el llamamiento a sala al intercambio de acusaciones dentro.

De los cinco militantes que iniciaron el proceso solo comparecieron finalmente tres: Yeray Rodríguez, María Clara Palazón y Silvia Maestre. La última, que era la secretaria de Organización lagunera cuando sucedieron los hechos, mostró sus discrepancias con que el por entonces presidente de la Comisión Ejecutiva local, Pedro Ramos, elevase a la Regional una queja sobre el funcionamiento y convocatorias del partido a pesar de que, detalló, durante años se procedió igual y él lo respaldó, y lamentó que la constitución de la gestora tuvo que ver con una afiliación masiva ajena a su corriente. Otra de sus afirmaciones llamativas fue que en la agrupación no se votaba, porque las determinaciones salían adelante "por unanimidad".

Sobre esos nuevos militantes, la concejala Mónica Martín -que declaró como testigo-, negó haber tramitado sus incorporaciones y, a preguntas del abogado de los demandantes (Yeray López), dijo no saber por qué su número de cuenta aparecía en algunas fichas de entrada. También expuso que ella y su compañera María José Castañeda fueron "aisladas" tras su decisión de seguir las instrucciones de la formación y no romper el pacto en diciembre de 2015. Esa situación acabó llevando, según el letrado del PSOE (Álvaro Sánchez Manzanares), a que enviasen al partido un "relato estremecedor" de lo vivido.

La otra testifical fue la de Javier Abreu, que se sumó a los argumentos de base de los denunciantes, mientras que Héctor Gómez y Julio Cruz, de las gestoras insular y regional, no intervinieron al renunciar López a sus comparecencias. Todo ello en un juicio en el que se citaron las directrices de Cruz, el pleno en el que dos concejales se fueron al baño en una votación, el cómo de la firma del pacto, la retirada de la moción para la auditoría de Teidagua, los incumplimientos de CC que siempre nombra Abreu... O el presente de los socialistas laguneros llevado a un juzgado.